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Las declaraciones 3 de 3 que entregaron los funcionarios del Poder Ejecutivo el mes pasado empezaron a ser difundidas ayer por la Contraloría General del Estado.
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Y tras revisar los resultados presentados por los titulares de más de 60 dependencias, la tendencia detectada es que… no hay tendencia.
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La lista es una variopinta lista de incrementos que no permite detectar la existencia de una línea homogénea en la política salarial en la cúpula del gobierno de Juan Manuel Carreras.
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A diferencia de otros años, hoy ninguno de sus subalternos presenta ingresos mayores a los de él, por lo que las confusiones de algunos funcionarios que presentaban datos ilógicos.
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Eso no quiere decir que los datos no presentaran situaciones peculiares, como que cuatro de los funcionarios con mayores incrementos caen en esa situación porque no tienen datos en sus declaraciones 3 de 3 de 2017.
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Otro de los funcionarios no tiene datos en ninguno de los dos últimos años. Habrá que ver si enfrenta las sanciones previstas para este incumplimiento.
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Pero lo que más llama la atención es el batidillo de criterios que se observan en los salarios de los funcionarios de alto nivel en el gobierno carrerista.
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Esta heterogeneidad se da lo mismo entre lo más alto de la cúpula hasta los funcionarios con menos ingresos.
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Un ejemplo: el titular de la antigua PGJE, Federico Garza, tuvo un incremento de 190 mil pesos. Más o menos en ese mismo nivel salarial está el titular de Sedeco, Gustavo Puente, que “sólo” subió 25 mil pesos.
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Los ingresos del secretario de Desarrollo Agropecuario, Alejandro Cambeses, también estaban por ese nivel en 2017, pero presento una reducción de 131 mil pesos.
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En suma, un batidillo de sueldos que no permiten la detección de un patrón en la política salarial del gobierno carrerista.
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También habrá que esperar si el año que entra, la situación se normaliza., Dentro de un año, ya se reflejará la baja salarial que ordenó, por decreto, Andrés Manuel López Obrador.
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En una decisión sorpresiva e ilógica, las comisiones de Vigilancia y de Desarrollo Económico del Congreso acordaron modificar la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado para extender el horario de venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, entre otras que buscan facilitar la venta de estos productos a negocios en desventaja con las tiendas de conveniencia.
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La medida está más pensada en beneficiar económicamente a estos negocios que en las consecuencias que tendrá en el consumo de alcohol, que se ha identificado como uno de los principales detonantes de la violencia y del delito.
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Los diputados tendrán tiempo de pensar en la conveniencia de esta medida de aquí a que se someta la votación al Pleno.
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Al menos para que evalúen que si bien el impulso económico es importante, quizá no lo sea si este genera condiciones peligrosas para el resto de la ciudadanía.
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¡HASTA MAÑANA!