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La sorpresa no es que Jorge Alejandro Vera Noyola haya presentado su renuncia como Fiscal Anticorrupción, sino que haya aguantado tanto en un cargo que fue arteramente ninguneado por casi todas las instancias oficiales relacionadas con la lucha contra la corrupción.
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Sólo uno o dos días después de cumplir su segundo aniversario en el cargo, ni la mitad de los siete años para lo que fue elegido, Vera Noyola anunció escuetamente su renuncia al Congreso.
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Apenas hace dos semanas se rumoró la versión de su renuncia. Incluso, el ex funcionario llegó a platicar esa intención, pero luego lo desmintió.
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No sería descabellado pensar que lo hizo por presiones de Palacio de Gobierno, pero, al parecer, ya no fueron efectivas.
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Su renuncia deja en muy mala posición al Sistema Estatal Anticorrupción, que de por sí nunca ha sido muy buena.
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Rivalidades institucionales, ambiciones personales, ausencia de recursos y de personal, ninguneo de la Fiscalía General del Estado, desdén de Palacio de Gobierno y otros obstáculos influyeron para que el trabajo de la fiscalía Anticorrupción
nunca despegara.
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Fueron tantos los problemas que hasta parece que atorar a la dependencia era un esfuerzo intencional.
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Lo cual resulta paradójico en el gobierno de Juan Manuel Carreras López, que inició con un pronunciamiento contra la corrupción y gritó a todos que con él iniciaría la erradicación de la corrupción en la vida pública de San Luis.
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La renuncia de Vera Noyola impactará negativamente al SEA, pues seguramente redimensionará el atorón que vive el sistema con la designación de su secretario técnico.
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Desde mediados del año pasado, las instancias oficiales y ciudadanas que integran el sistema han estado envueltas en el jaloneo sobre la designación de este cargo.
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Y ahora, con la salida de Vera Noyola, se espera que la tardanza para sustituirlo también derive en un proceso de larga duración.
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El caso es que el sexenio se enfila al penúltimo año y la promesa de dejar listo el SEA no se ha cumplido.
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Se había anticipado el problema que implicaría dejar el monto de la nueva tarifa del transporte urbano de un modo que haría obligado el uso de moneda fraccionaria.
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La inconformidad ya está creciendo entre los usuarios, que están pagando, en la práctica, una tarifa mayor a lo autorizado.
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La Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes debe encontrar una solución al problema de que los camioneros sigan cobrando diez pesos con el argumento de que hace falta “morralla” para devolver el cambio, antes de que se ese enojo se extienda.
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¡HASTA MAÑANA!