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Tras informar ya de su más reciente y muy completa investigación sobre la compleja red montada por el empresario Gabriel Salazar para captar millonarios contratos de la Secretaría de Salud, la organización Ciudadanos Observando anunció su segundo, y obvio paso: armar sendos expedientes destinados a la Auditoría Superior de la Federación y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de exigir las correspondientes investigaciones.
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En un nuevo lance justificatorio de las opacas y dudosas prácticas de la Secretaría de Salud, el secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, dijo ayer que su colega de gabinete, Mónica Rangel, ha aclarado los señalamientos y que incluso hay procedimientos internos que han descartado anomalías.
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Para evitar las suspicacias sobre una auto exculpación, las indagatorias que demanda Ciudadanos Observando a instancias externas son muy relevantes y necesarias.
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Y hablando de la Auditoría Superior de la Federación, el órgano fiscalizador debía dar a conocer este mes los resultados del ejercicio de los recursos federales ejercidos en 2019, pero debido a la pandemia, el trámite se pospuso hasta octubre.
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A nivel local, se esperaban con interés los resultados de las auditorías a instancias potosinas y, desde luego, a la Secretaría de Salud.
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En el ejercicio 2018, la dependencia dirigida por Mónica Rangel fue una de las más observadas de la administración estatal potosina, con 145 millones de pesos ejercidos con algún tipo de anomalía.
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Fue un mal resultado, pero el de la revisión del año pasado sería notablemente peor. Este medio tuvo un atisbo confiable sobre las cifras definitivas del informe de auditoría 2019 a los fondos ejercidos por la Secretaría de Salud y los números dan escalofrío.
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El monto observado sería de 371.7 millones de pesos, es decir, la cantidad de las anomalías financieras se dispararían 156.3 por ciento
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En el detalle, el peor desempeño sería en el cumplimiento del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo al incumplimiento en la reintegración de montos no ejercidos. Fueron 160.2 millones de pesos observados.
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Bajo el rubro de servicios de terceros, la suma investigada es de 140 millones de pesos. Otros 59 millones se transfirieron irregularmente entre cuentas de la Secretaría de Salud y otras cuentas.
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El resto del monto se reparte entre adquisiciones, recursos no registrados contablemente y pagos de nómina irregulares.
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La confirmación de esta cifra se daría más adelante, pero los datos expuestos aquí tienen certidumbre.
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Sería un golpe más a la credibilidad de la dependencia, pero parece que eso en Palacio de Gobierno no resulta muy relevante.
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Y mientras tanto, la pandemia, dicen los pronósticos epidemiológicos del Conacyt y del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud, empeora en San Luis, pero aún sin llegar a su pico máximo.
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Las dos dependencias académicas emiten proyecciones que, en el más positivo de los casos, predicen el pico de la pandemia en agosto, pero que lo extenderían hasta noviembre si las cosas se complican.
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¡HASTA MAÑANA!