Sigue la opacidad en la SS “El Mijis”: mala herencia
Se pensaba que la mala influencia de opacidad y manejo financiero sospechosos se acabaría con la salida de Mónica Rangel Martínez de la Secretaría de Salud, para lanzarse a su aventura electoral.
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Durante buena parte de su gestión, la ahora exfuncionaria se caracterizó por el ocultamiento de la información sobre el manejo de recursos. Cuando las investigaciones periodísticas y de grupos civiles descubrían los escándalos del incremento de la deuda, contratos millonarios asignados directamente en sospechosas circunstancias y resultados adversos en las auditorías estatales y federales, entre otros, se explicaba por qué el incumplimiento de las normas de transparencia.
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Cuándo, a la salida de Mónica Rangel, se designó a Miguel Ángel Lutzow como su sustituto, era esperable un saneamiento en el modo de trabajar, pero lamentablemente no ha ocurrido así.
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Dos pilares para que la ciudadanía conozca el manejo de los recursos de las dependencias públicas, el reporte de cheques y los informes financieros, se han mantenido ocultos en lo que va del año.
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Es innegable que la pandemia persiste y sigue presentando un riesgo, pero también es inocultable que el nivel de la emergencia ha bajado desde fines de marzo.
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Es decir, el argumento de que primero está la atención médica a la ciudadanía antes que las obligaciones administrativas pierde fuerza.
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Ya se nombró al candidato que sustituirá al diputado local con licencia, Pedro César Carrizales Becerra, en el listado de postulaciones plurinominales para San Lázaro, por la vía indígena. Será el vallense Saúl Hernández Hernández, de ascendencia tének.
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Pero el fraudulento intento de “El Mijis” de hacerse con ese cargo tendrá consecuencias negativas para la ciudadanía indígena.
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La ambición del legislador pandillero ha hecho un gran daño a la ciudadanía de los pueblos originarios, de acuerdo al estudio “¿Por qué El Mijis quedó fuera?: La autoadscripción calificada para la acción afirmativa indígena”, de la académica del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, publicado en el portal www.analisiselectoral2021.com, de la UNAM.
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El documento señala que el espíritu de las normas electorales en torno a las acciones afirmativas en favor de diversos grupos vulnerables, como los indígenas, las mujeres, los migrantes y la comunidad LGBTTTIQ, para que tengan representación electoral se basa en la buena fe y en el beneficio de la duda para quienes aspiran a una candidatura para minorías. Es decir, que si alguien se autoadscribe como gay, migrante, o indígena, a la hora de solicitar un registro para una candidatura, debería bastar su palabra para que la autoridad lo aceptara.
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Sin embargo, en la práctica, pesa sobre esos grupos la carga de comprobar, documentalmente en muchos casos, que está diciendo la verdad.
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A partir de la burda maniobra de “El Mijis”, el estudio sostiene que la carga que tendrán estos grupos vulnerables para probar su adscripción “conlleva el riesgo de dificultar, inhibir o, directamente, excluir la participación de algunas personas”.
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Así, “El Mijis” causó un gran daño al sector ciudadano que, en teoría, debía beneficiar, pero en realidad, acabó dañando por querer servirse de él.
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¡HASTA MAÑANA!



