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El estado y el país se adentran a territorio de aguas muy peligrosas, para el cual no hay mapa y en el que la única certeza es que habrá daños.
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La fase 2 de la pandemia de Coronavirus empezará la semana entrante y la sociedad se debate en la incertidumbre de si las medidas de aislamiento social previstas serán suficientes y oportunas para evitar que se repliquen los escenarios desastrosos de China e Italia.
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Y esa falta de certeza se refleja en la discordancia de posturas en la sociedad en torno al grado de aislamiento que debe adoptarse. Las posturas van entre la cuarentena total y estricta que una parte de la sociedad desea y la intención de continuar la vida lo más normal posible.
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Esa falta de acuerdo en sobre cómo actuar en la fase 2 tiene su origen en la indefinición del gobierno federal, que se transmite al estatal. Hasta ahora, la postura oficial pareciera no ir más allá de la sugerencia o la propuesta de aislarse. En contraste, Argentina, un país que tiene menos casos confirmados, ya decretó la cuarentena total y forzosa, con miras a evitar una explosión de casos que arrase con el sistema de salud.
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En ese sentido, el Estado ya quedó atrás de decisiones ciudadanas, colectivas e individuales, que se han enfocado en establecer la cuarentena.
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La otra plaga con la que han convivido los potosinos desde hace años, la de la violencia delictiva, nos recuerda que no se detiene.
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De nueva cuenta, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) revela un alza en la incidencia delictiva, cuya arista más preocupante es el alza en los homicidios dolosos, ligados usualmente con la delincuencia organizada.
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Y sí, el estado podría tener notorias diferencias con las cifras de sus vecinos y ser la isla a la que se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador en su última visita al país, pero el dato importante es que el estado está en una situación peor a la que había hace un año.
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Por cierto, en aquella conferencia de prensa se dio a conocer un mapa con la división delictiva de la entidad, en donde al menos seis grupos delictivos se disputan el estado. Quizá ahí está la explicación de las cifras.
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El gobierno municipal capitalino asumirá su derrota este día y se disculpará oficialmente con la funcionaria del Registro Civil, Teresa Carrizales.
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Pese a toda la resistencia que opuso al escándalo del desastroso desalojo de Teresa Carrizales.
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Ahora, debe acatar las recomendaciones (órdenes más bien) de emitir una disculpa pública, lo que se tiene previsto que ocurra hoy.
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No se sabe si el responsable directo del escándalo, el jefe de la Policía Municipal, Edgar Jiménez Arcadia, asistirá.