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Será difícil si un incendio forestal en un municipio importante de la Zona Media cercano a un área poblada, el incendio de un basurero en Valles o las emisiones de las nuevas industrias que han llegado a Villa de Reyes son amenazas a la salud si para los únicos aparatos que pueden determinar la concentración de contaminantes está en la zona metropolitana de la capital y Soledad de Graciano Sánchez.
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Pero ese es, en el papel, lo que el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas elaborado por la Segam y que cobra vigencia tras ser publicado en el Periódico Oficial del Estado.
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El proyecto estaba detenido, según fuentes de las dependencias involucradas, pero no fue sino hasta que la Federación ordenó la obligatoriedad del monitoreo ambiental y la difusión de sus resultados cuando tuvo que ser expedido.
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De inicio, el programa está previsto para todo el estado, pero ese propósito queda trunco cuando apenas hay cuatro estaciones de monitoreo.
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Hasta para el tamaño de la zona metropolitana parecen ser insuficientes. Queda claro que el resto del estado está desprotegido en materia de emergencias ambientales.
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Ahora, habrá que ver si la Segam tiene la intención y la capacidad económica para extender el sistema de vigilancia ambiental por todo el estado y, así, hacer cumplir la letra de la normatividad.
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La Auditoría Superior del Estado presumió ayer que un juez dictó una orden de aprehensión y sentencia en contra de un ex tesorero de Tanlajás, por peculado y otros delitos.
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Desde luego que es una buena noticia, pero el hecho de que los delitos se cometieron en 2009 y la denuncia se interpuso en 2014.
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Es decir, seis años tuvieron que transcurrir para sancionar un delito cometido hace once.
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Al hablar de los procesos abiertos contra funcionarios o ex funcionarios acusados de corrupción, y ante la ausencia de un fiscal anticorrupción, el fiscal general Federico Garza reconoció la tardanza en estos procesos, atribuida al Nuevo Sistema de Justicia Penal.
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El tiempo es un problema para castigar la corrupción, pero no es el único. Es claro que la capacidad para enfrentarlo es escasa en las instituciones potosinas.
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Una medida indirecta de la posible incidencia de los casos de corrupción la dan los datos de la Auditoría Superior de la Federación. Entre 2015 y 2018, hay 221 señalamientos contra funcionarios públicos por diversas irregularidades. Para ellos, se pidió a las instancias en las que trabajaban, que se aplicaran sanciones administrativas.
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La experiencia dicta que buena parte de esos señalamientos van más allá del castigo interno y pasa al campo de lo penal.
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Pero la Fiscalía lleva apenas 60 casos atendidos. Así, la oportunidad de que estos delitos se castiguen se diluye.