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La rendición de cuentas es letra muerta en San Luis Potosí y eso lo demuestra la escasa respuesta de las dependencias públicas del estado a las que la Auditoría Superior del Estado les decretó observaciones que, en conjunto, suman casi 900 millones de pesos.
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El mismo monto es evidencia de que, a un año de revelado el resultado de las más de doscientas auditorías, las secretarías, ayuntamientos, poderes y órganos autónomos poco o nada han hecho para aclarar esas observaciones.
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Mucho menos, resarcir los recursos que pudieron haber sido desviados o cuya justificación del gasto simplemente no existía. La cantidad devuelta a las arcas es irrisoria, en comparación al monto observado, aunque hay que acotar que, no necesariamente, los 897 millones de pesos tienen que ser resarcidos.
Sin embargo, más allá de montos, el hecho relevante es que el sistema de fiscalización toma demasiado tiempo y no despierta la voluntad política necesaria entre las instancias públicas potosinas.
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Quienes podrían tener una participación importante en la mejora de este proceso, sin embargo, parecen no muy interesados en hacerlo.
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De hecho, en materia de fiscalización, los diputados locales parecen ir en dirección contraria.
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Ejemplo de ello son las contradicciones en torno a la comparecencia de funcionarios públicos, específicamente, de la secretaria de Salud, Mónica Rangel, para que informe sobre el uso de recursos ejercidos para combatir la pandemia.
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Públicamente, el Congreso ha afirmado que citaría a la secretaria, pero internamente, otras instancias legislativas, específicamente la Comisión de Vigilancia, consideraron “inviable” esa posibilidad. ¿Cuál será el juego real del Congreso en este vaivén?
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En el jaloneo que sacude a San Lázaro por la renovación de su mesa directiva, no ha escapado al reflector la participación de varios diputados federales potosinos. Y en el proceso, algunos han estado en medio de las volteretas que se han registrado.
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Xavier Azuara y Sara Rocha no saben aún si integrarán la nueva mesa directiva, al ser parte de la planilla de la priista Dulce María Sauri. Su presencia ahí, sin embargo, habla de la amplitud del acuerdo opositor.
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La efectividad del gesto de la perredista Guadalupe Almaguer Pardo de pasarse a la bancada del PRI para evitar que la del PT quedara como la tercera fuerza política aún está en la incertidumbre.
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Y el otro legislador involucrado, aunque sea indirectamente, Ricardo Gallardo Cardona, jugó a dos bandas.
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Su consejero, Héctor Serrano Cortés, que navegaba bajo bandera de independiente, a engrosar las filas del PT para facilitarle el acceso de Gerardo Fernández Noroña. La cercanía entre ambos despierta la inquietud de si el salto se habría acordado. No parece muy probable.
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Pero por otro lado, según el registro de la votación de la sesión del pasado lunes, Gallardo Cardona votó a favor de la planilla de Sauri Riancho.
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No sería raro que las danzas que han empezado los diputados potosinos en la cámara federal estén orientadas también a tener repercusiones en San Luis.
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