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La administración estatal está cerca de iniciar su quinto año de gobierno, en la práctica, a su ocaso, y las obras para mejorar la movilidad en el estado no han salido ni siquiera de los planos.
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Así lo hace notar la Canacintra, al señalar que de 19 obras previstas en esta administración para mejorar la movilidad en la ciudad, sólo una se ha empezado a construir y ha avanzado parcialmente.
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Dos factores operan en contra de que la situación pueda llegar a mejorar: tiempo y dinero.
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En unos días, el mandatario presentará su cuarto informe de gobierno. Le quedarán poco menos de dos años para completar lo que no se ha podido finalizar en cuatro. El margen se achica por cuestiones político electorales.
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Y está la cuestión de los recursos. Se han anunciado varios proyectos , e incluso como en el caso de las obras ferroviarias en los patios de KCSM, ya se están iniciando los trámites ambientales, pero luego se anuncia que la obra no tiene asegurado el presupuesto para concretarlas.
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Bajo esas circunstancias, sería notable que al menos se completara una de las obras previstas. Y así, la mejora de la movilidad en el estado seguirá siendo una asignatura pendiente.
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El SUTSGE se ha sentido ignorado por la administración estatal en la negociación anual del contrato, en especial a la alta exigencia de incremento salarial.
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De ahí la decisión de aumentar la presión con la toma de diversas oficinas públicas, con lo cual, trastocaron las actividades de la ciudadanía que deseaba realizar trámites en instancias como la Secretaría de Finanzas, el Registro de la Propiedad o el Registro Civil.
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Es posible que esas medidas persistan, a menos que el gobierno estatal imponga el derecho de la mayoría sobre las aspiraciones de uno de sus sindicatos, así sea el mayoritario.
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En la Secretaría de Seguridad Pública minimizan un problema que pudiera ser muy serio, al señalar que la norma que obliga a los funcionarios a comprobar sus estudios no estaba vigente cuando asumió funciones Juan Roberto Montes Romero, director del penal estatal de La Pila, del cual la SSP reconoció no tener comprobantes de que cursó la carrera de Derecho.
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En el Registro Nacional de Profesiones de la SEP tampoco hay evidencias de su cédula.
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La aseveración no sólo es equivocada, pues en la versión anterior del reglamento interno de las penitenciarías también era requisito obligatorio comprobar los estudios, sino que también encubre un posible delito, si es que el funcionario ostenta un grado académico que no tiene.
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La resolución obvia de estas dudas es la presentación de los documentos, pero parece que a nadie en la secretaría se le ha ocurrido.
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Si en la Unidad Administrativa Municipal están pensando que recibir una aprobación del 49.4 por ciento en un sondeo de evaluación de desempeño es algo que se debe celebrar, necesitan una nueva perspectiva.
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De acuerdo a esos resultados, los reprobó un poco más de la mitad de la población.
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¡HASTA MAÑANA!