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¿Puede un funcionario hacer negocios con otra autoridad sin provocar controversia? Desde luego que no, sobre todo si esos negocios son bastante prósperos.
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Infraestructura del Golfo SA de CV había tenido una fructífera relación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal desde antes de que Alfonso Medina Salazar, el poseedor del 35 por ciento de su capital accionario, se integrara al gobierno de Juan Manuel Carreras López como titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
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Sin embargo, la empresa ha visto crecer sus ingresos por concepto de contratos públicos con la dependencia federal a partir de que Medina Salazar se integró a la comisión. Poco más de 290 millones de pesos a través de 18 contratos lo comprueban.
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El más reciente, apenas entregado el 10 de mayo. Por 99.4 millones de pesos, la empresa, que también es posesión de otros integrantes de su familia, ampliará 2.5 kilómetros del tramo Valles-Tamazunchale de la carretera Valles-Portezuelo.
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¿La obtención de estos contratos implica un conflicto de intereses o el gozo de una ventaja indebida por la calidad de funcionario de uno de los socios de la empresa beneficiada? Las leyes estatal y federal de Responsabilidades Administrativas apuntan a que no, siempre y cuando el empresario avise con antelación que es un funcionario y que como accionista, no mantenga el número de acciones que le dé al menos el 50 por ciento del control accionario. Recuérdese que Medina Salazar disponía, al menos lo indica así su declaración de intereses 2018, dispone del 35 por ciento de las acciones.
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La bonanza de contratos de Infraestructura del Golfo SA de CV podría no infringir la Ley, pero la suspicacia sobre si sería lo mismo si su accionista no estuviera en un cargo gubernamental difícilmente podría ser acallada por la normatividad.
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Uno de los casos emblemáticos de la corrupción en la pasada administración de la Auditoría Superior del Estado, llega a los tribunales.
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La llamada “fiesta fantasma”, un supuesto festejo navideño que le costó a la dependencia 600 mil pesos, pero de la cual la dependencia nunca pudo probar que se realizó, llevó a varios de los involucrados a una audiencia inicial de vinculación a procedimiento.
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Es una buena oportunidad para que todas las autoridades involucradas demuestren que el discurso de la lucha contra la corrupción va en serio.
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En varias zonas que han resentido los incendios forestales que ya se daban por controlados, o hasta apagados, ayer se reencendieron, generando de nuevo la preocupación de las poblaciones cercanas.
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Villa Juárez y la Sierra de San Miguelito fueron las zonas de reactivación. Ojalá las autoridades hayan reaccionado para volver a controlar el fuego.
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¡HASTA MAÑANA!