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En agosto pasado, una consulta a las oficinas centrales de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) sobre por qué no se habían autorizado los recursos del subsidio destinado a las entidades federativas en las que se emitieron las declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG) arrojó una sorpresiva respuesta.
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La dependencia contestó por escrito que el gobierno del estado ya tenía disponibles los recursos pero que por la falta de emisión de comprobante fiscal digital por internet, la transferencia estaba detenida.
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Es decir, que en un estado declarado en emergencia por la violencia contra las mujeres, una factura detenía el flujo de recursos disponibles para las obras y acciones que servirían para prevenirla.
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Desde esa perspectiva, el reclamo parecía merecido para la administración de Juan Manuel Carreras López.
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Ayer, por fin, se hicieron públicos los acuerdos entre la Secretaría de Gobernación y la administración estatal y el panorama pareció cambiar.
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Esto porque, en su clausulado, la Segob reconocía que desde mayo, la Secretaría General de Gobierno de la administración potosina había presentado “en tiempo y forma” las solicitudes de financiamiento para dos programas de acciones para prevenir la violencia de género.
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Independientemente de los responsables, la tardanza en el flujo de los recursos limitó una campaña publicitaria y un programa de alerta en escuelas a tener que realizarse en sólo tres meses, puesto que a finales de diciembre, según los convenios, había que hacer corte de caja y si las cuentas arrojaban un monto que no se hubiera alcanzado a invertir, habría que regresarlo a las arcas federales.
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Así, a una larga lista de acciones que no se han hecho bien en materia de la alerta de género en San Luis, la manera en que han empezado a fluir los recursos parece encaminada a agregarse al listado.
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El ninguneo institucional que se le ha dado a la Fiscalía Anticorrupción ha sido evidente. Desde su creación, no ha tenido personal, ni recursos. En suma, todo el apoyo que se le ha brindado desde el Ejecutivo y desde el Congreso, ha sido de saliva.
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Ahora se sumó una puñalada más a la institución y a su titular, Jorge Vera Noyola, con la aprobación del dictamen que promovía la modificación de la Ley de Seguridad Pública para retirarle a este cargo, así como al encargado de la justicia juvenil, la guardia policiaca que hasta este momento, el Estado tenía la obligación de proveer.
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Se trata de policías adscritos como escoltas de diversos funcionarios y ex funcionarios ante la posibilidad, por el perfil de sus cargos, de ser blancos de represalias de grupos o personas afectadas por decisiones tomadas en su papel de funcionarios.
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Que se haya tenido conocimiento de que en algunos casos de corrupción, registrados sobre todo en las alcaldías, pudiera ser atribuidos a la acción de grupos de la delincuencia organizada parece ser suficiente razón para garantizar la protección de la integridad del funcionario encargarla de investigar y perseguir estos delitos.
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Pero para los diputados, no. Así que, sin muchas explicaciones, determinaron excluir al fiscal anticorrupción de este sistema de protección.
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Ahora, hay que ver si el fiscal anticorrupción aguanta la nueva maltratada o si toma decisiones drásticas.