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Mientras que la 4T y, por inercia, el gobierno potosino, siguen sin mostrar intenciones de tomar medidas más estrictas para encarar la emergencia que representa el coronavirus, diversos sectores han decidido no esperar y, de manera unilateral, adoptaron decisiones para suspender, aplazar o cancelar eventos o actividades masivas, que pudieran encarnar el riesgo de aumentar las posibilidades de contagio entre la población.
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Es cierto que, oficialmente, la incidencia de casos, tomando en cuenta la población, no es significativa aun. Tampoco se iguala la gravedad que la situación ha alcanzado en Europa, Asía y Estados Unidos.
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Pero decisiones como suspender clases presenciales en el Tec de Monterrey, posponer los tradicionales torneos de Semana Santa e incluso ponderar la cancelación del evento estrella de la temporada, la Procesión del Silencio, son una muestra de que la confianza en la postura de la autoridad no es mucha.
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Estas decisiones no están exentas de controversia, pues pudieran incrementar la incertidumbre y el temor de la población en general, que podría ver en estas medidas emergentes un incremento de riesgo que podría no existir o no registrarse en este momento.
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Pero también es cierto que la desconfianza en la postura de gobierno podría ser la diferencia entre la salud o la enfermedad.
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La posición de las autoridades no es cómoda, pues tomar la decisión de paralizar al país no es algo que deba tomarse a la ligera.
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En un escenario adverso en materia económica, suspender actividades que implican la generación de recursos es una opción indeseable. Lo mismo a nivel macro que en la economía a ras de calle, cancelar actividades masivas sería muy nocivo.
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El país y el estado tienen una ventaja sobre otros países, y es que disponen de tiempo e información sobre lo que hacer, y lo que no.
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Ambas deben usarse para salvaguardar a la población. Introducir ingredientes políticos y económicos en los planes sería contraproducente. Y, en este caso, esto implicaría la pérdida de vidas.
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El fuego amigo en el ayuntamiento está al alza. Ahora, el regidor panista Christian Azuara torpedea el millonario arrendamiento por el cual la administración de Xavier Nava Palacios consiguió más de un centenar de patrullas y otros vehículos para seguridad.
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El edil señaló que la alcaldía está pagando, de manera innecesaria, por vehículos que no pueden utilizarse.
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El señalamiento, que bien podría hacer el más ardiente gallardista, es demasiado serio para dejarlo pasar.
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Que los esfuerzos por revertir la decisiónpara que no hubiera cambios en la Contraloría General del Estado, que incluyeron viajes a México, no tuvieron fruto y por ello, lo más probable es que el cambio en la dependencia se dé hoy.
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El modo poco amable con que se atendieron las relaciones con la Auditoría Superior de la Federación en el trámite de la fiscalización más reciente, y las consecuentes quejas por ello, fueron determinantes.
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¡HASTA MAÑANA!
