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La iglesia católica potosina está condenada a enfrentar por mucho tiempo al fantasma del caso Córdova. Su falta de acción para enfrentar los delitos y pecados de una de sus principales figuras del pasado reciente volverá una y otra vez.
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Y no sólo es porque Eduardo Córdova siga prófugo e impune. Aún en caso de que fuera detenido, la Arquidiócesis potosina seguirá en deuda con su feligresía y con la sociedad entera.
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La delegación que El Vaticano envió a México para investigar a cuatro obispos mexicanos involucrados en casos de pederastia clerical revivió la inquietud y la inconformidad que generó el caso Córdova.
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El de Luis Morales Reyes, arzobispo de San Luis Potosí en una parte del apogeo de Córdova Bautista, parece un caso prefigurado para esta comisión.
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El Vaticano no ha soltado prenda sobre la identidad de los jerarcas religiosos que son blanco de la investigación. Y si hay una institución que sabe guardar secretos, esa es la iglesia católica.
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Sin embargo, no parece un asunto que pueda mantenerse hermético para siempre. En todo caso, si el Vaticano incluye a Morales Reyes en la lista de religiosos investigados, empezaría a saldar esa deuda pendiente.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador visita hoy San Luis Potosí en un entorno complicado, con las preferencias tocadas por el errático proceder de su gobierno sobre el paro feminista del lunes, el estrambótico vaivén de la rifa del avión presidencial y, en general, la falta generalizada de aciertos.
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San Luis Potosí no era un estado lopezobradorista, pero durante la campaña y en los primeros meses de la presidencia del tabasqueño, generó cierto arrastre.
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Este día, aquí en la capital y en Mexquitic, donde presidirá un evento, es una oportunidad para ver si lo ha podido mantener.
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Ayer se hablaba aquí del nuevo trabajo de Roy González Padilla en la Secretaría de la Función Pública, luego de ser despedido del cargo de asesor jurídico del Congreso por su conducta misógina en redes sociales.
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Pues bien, parece que no es su único empleo, pues también, vaya contradicción, litiga en un caso de violencia de género. nada menos que en la defensa de Teresa Carrizales, la oficial del Registro Civil que ha abierto un frente de guerra a la alcaldía navista por su desalojo.
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Al parecer, el nuevo funcionario federal está apoyando la estrategia legal de Carrizales Hernández en contra del alcalde. “Interpusimos” señala en un mensaje público, el juicio político.
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Habrá que revisar si la función de asesor legal es compatible con su nuevo cargo y si la ofensiva contra Nava no le quita mucho tiempo a su nueva responsabilidad.
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¡HASTA MAÑANA!