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Juan Ramón Infante Guerrero, presidente provisional del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (y en la práctica, el conductor del sistema completo al detentar, aunque sea también provisionalmente, la secretaría técnica de la Secretaría Ejecutiva del sistema), defendió ayer la legalidad de su nombramiento. No citó ninguna normatividad para respaldar su afirmación.
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Sin embargo, en el directorio del SEA que aparece en la página web del Sistema Nacional Anticorrupción, su nombre no aparece. De hecho, en el documento está considerado como presidente Carlos Raúl Espinosa Rincón, quien pidió licencia debido a que la elección del año pasado lo benefició con una regiduría en el ayuntamiento de Rioverde.
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Sin embargo, la Ley del SEA no prevé esta situación, creándose una laguna legal que le da el carácter de “provisional” a la presidencia de Infante Guerrero.
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El desconocimiento en el SNA de la presidencia del CPC potosino no es lo más grave, sin embargo. Lo que más debiera provocar preocupación es que, desde allá, se incluye a San Luis entre las entidades en las que sus SEAs enfrentan obstáculos.
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No es insólito el señalamiento de que la falta de voluntad política es el principal freno al sistema. La tardanza que ha tomado cada una de sus fases y los enredos de los protagonistas para conformarlo son indicios de ello.
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Habrá que ver si la exhibición que está teniendo el estado en el SNE es un aliciente para completarlo de la manera correcta.
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La actual Legislatura se enfrenta a su peor escándalo, derivado de la falta de transparencia en la contratación de asesores de los legisladores.
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Se venía advirtiendo desde hace tiempo en las páginas de los diarios de Editora Mival, de que se trataba de una continuación del abusivo esquema de anteriores diputaciones.
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Ciudadanos Observando abundó en los datos y llevó ya el tema a los tribunales en algunos casos.
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Los diputados deben ir más allá de las negativas llanas de que el enorme gasto mensual en estos asesores es justificado y adoptar medidas para devolverle la confianza a la ciudadanía.
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Lamás evidente sería suspender los pagos de esos privilegiados asesores y, si puede, comprobar la legalidad de los mismos.
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Los compromisos de las campañas políticas e incluso la propia ambición de algunos diputados, sin embargo, hacen prácticamente imposible que se concrete.
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Al contrario. Un indicio de que no existe ninguna voluntad de hacerlo es que hasta los asesores tienen recomendados. La Junta de Coordinación Política del Congreso recientemente aprobó contratar a la hija de uno de los asesores con mejor sueldo en la nómina y se disponía a pagarle unos 30 mil pesos.
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La presión pública que se ha empezado a formar en torno al Congreso ante la exposición que está teniendo el caso de los asesores, al parecer, hizo naufragar ese acuerdo… por ahora.
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¡HASTA MAÑANA!