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Era cuestión de tiempo de que la tardanza en cimentar el Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí llamara la atención. Y sí, el “think tank” Ethos incluyó al estado entre los focos rojos que atoran, finalmente, el sistema nacional.
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Desde la CDMX, atribuyen esta situación a una acción concertada desde el Poder, encarnado en los gobiernos estatales, para entorpecer la implementación del sistema anti corrupción.
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La tesis choca, cuando menos con el caso potosino, con el antecedente del sistema, que fue la iniciativa del gobernador Juan Manuel Carreras López.
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El caos que se ha generado con la instalación del Consejo de Participación Ciudadana, las disputas internas entre sus participantes y la imposibilidad de llegar a un acuerdo que propicie la designación del secretario técnico del sistema han sido problemas en los que las autoridades de los tres Poderes se han visto impotentes para solucionarlos.
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La propuesta del secretario General de Gobierno del Estado, Alejandro Leal, no parece muy pertinente. Rehacer el proceso para elegir, de nuevo, a los integrantes ciudadanos del sistema, simplemente reavivaría el caos y amenazaría con arrojar al sistema a un caos aún mayor.
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Como quiera que sea, intencional o no, por cálculo político o incapacidad, el caso es que el sistema está paralizado y en buena medida, es responsabilidad de las autoridades.
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Si algún conductor es detenido por inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para verificar si pertenece al servicio de transporte Uber, no le queda sino la resignación, en caso de que no sea tratado de manera adecuada.
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Probablemente esta acción está fundamentada, pero es innegable que el riesgo de incidentes en los que ya se han registrado, en los que los inspectores han sido señalados por su prepotencia, está vigente.
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Ojalá que la capacitación que se ofreció tras el último incidente violento entre un automovilista particular confundido por los inspectores de la SCT como conductor de Uber, sea de utilidad.
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Pero sobre todo, también es necesario que se corrijan las irregularidades y abusos de los taxistas tradicionales. Como el ocurrido la noche del domingo en la Terminal Terrestre Potosina, cuando la fila de los usuarios del servicio contratado dentro de la central creció porque la encargada dejó abandonada la ventanilla de boletos durante alrededor de 30 minutos. Hubiera sido muy adecuada la presencia de inspectores ahí.
¡HASTA MAÑANA!