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“Hoy se vive. Mañana quién sabe”. Esa fue la frase que publicó en su muro de una de sus redes sociales una de las dos mujeres asesinadas este fin de semana en la capital. Fue el penúltimo de su vida, apenas el 10 de agosto pasado.
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El tono de la frase era el de que se debería gozar el momento, pues lo acompañó con fotos de una ocasión feliz: una visita a la feria.
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Desgraciadamente, fue una dolorosa profecía. La joven maestra fue una de las dos mujeres asesinadas en los dos últimos días en la capital. Hallaron su golpeado cuerpo en la colonia Las Piedras.
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Cerca de ahí, por el rumbo de Muñoz, la madrugada del domingo, otra joven fue encontrada caminando, con buena parte de su cuerpo quemada. Aunque fue hospitalizada, su cuerpo no resistió y murió.
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Dos feminicidios en igual número de días en San Luis. Cuando aún siguen vivos los rescoldos de la polémica que desató la marcha en la Ciudad de México que acabó con varios actos vandálicos en monumentos e infraestructura pública, además de hostigamiento a varias personas, algunos reporteras y reporteros, por parte de algunas asistentes a la protesta.
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Para algunos, fueron más criticables los daños a las cosas y las agresiones que el fondo de la marcha: protestar con la continuada frecuencia en que las mexicanas de todas las edades son asesinadas de las maneras más brutales en este país y de la casi absoluta impunidad que sigue a esos crímenes.
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Los excesos fueron inocultables. Y son serios los relacionados con las agresiones a otras personas. Este movimiento tiene puntos debatibles, como todo en esta vida.
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Pero por los hechos ocurridos en San Luis, y en todo el país, no se les pueden regatear a las mujeres que protestaron en la capital de la nación, en esta y en otras ciudades, su enojo, su frustración, su ira y su exigencia de justicia. Su demanda del fin de los feminicidios y de la impunidad es irreprochable.
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Y así como no se les debe regatear a las mujeres su inconformidad, se les debe reclamar todo a autoridades que han mostrado ser incompetentes e incapaces de parar la ola feminicida, aún con declaratorias de alerta, recursos y programas.
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Ninguno de los tres niveles, federal, estatal y municipal han estado a la altura del problema. Se enredan en discursos sobre el fin de la impunidad y en acciones presuntamente diseñadas para acabar con este azote, pero los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador, Juan Manuel Carreras López, Xavier Nava Palacios y Gilberto Hernández Villafuerte y de los demás alcaldes potosinos cuyos municipios tienen alerta de violencia de género han coincidido lastimosamente en el fracaso.
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Siguen con la obligación de pagar esa deuda.
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Algo pasa con la fiscalización de recursos en San Luis Potosí. Cada vez son menos las revisiones, y todavía más escasos los funcionarios sancionados por anomalías relacionadas con el ejercicio de recursos o de funciones públicas.
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O es un ablandamiento de las medidas de fiscalización o el comportamiento de los funcionarios potosinos ha ido mejorando.
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Pero el hecho de que los principales hechos de corrupción que se han documentado en el estado hayan ocurrido en esta administración, no dan muchas esperanzas.