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La “Nueva Normalidad” anunciada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está generando más incertidumbres que certezas.
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La industria está sujeta a un vaivén de fechas sobre la reapertura de actividades. Inicialmente, se dijo que las labores se reanudarían el lunes, luego, se dijo que sería hasta inicios de junio, y que el lapso entre el 18 y el 31 de mayo se usaría para organizar los protocolos sanitarios obligados para el regreso de empleados.
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Y ayer, el Diario Oficial de la Federación publicó que las compañías a los que las autoridades sanitarias les aprobaran esos planes, podrían reactivarse anticipadamente.
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Tres posturas en menos de una semana.
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Esa misma situación veleidosa se está observando en el asunto de la reactivación de clases presenciales. Primero, la Secretaría de Salud federal señaló que estaría sujeta a la prometida semaforización de entidades y municipios, pero aclaró que se respetaría la decisión de los estados sobre si sus sistemas educativos avalarían el regreso a clases.
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Esto incidió en que varios gobiernos estatales, 16 de ellos, entre los cuales está el de San Luis Potosí, optaran por negarse a regresar a estudiantes y a maestros a los salones de clases. Algunos decidieron el fin anticipado del actual curso o, como en el caso potosino, a terminarlo bajo el esquema de la educación remota en todo su territorio, sin excepciones.
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Y sin embargo, del gobierno federal hubo cambio de señales: el regreso a clases se dará del modo previsto, aunque eso sí, de manera escalonada y con todas las precauciones.
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Vaivenes en el rubro industrial y en el educativo tienen un origen común: la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Es difícil, si no imposible, realizar planes si no hay una base firme sobre la cual decidir. Las arenas movedizas nunca han sostenido nada.
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Era previsible que la manufactura y la construcción hayan sido las industrias más golpeadas por la pérdida de empleos generada por la pandemia, que destruyó 12 mil fuentes de empleo aseguradas por el IMSS.
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De ese tamaño es el desastre económico que deja el COVID-19 y, por tanto, de ahí la importancia de reactivar, cuanto antes, la economía estatal.
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El fantasma de la agresión a personal médico que lucha contra el COVID en la entidad reapareció ayer en la Huasteca, cuando, en incidentes separados, familias de Xilitla y Tamazunchale atacaron a empleados de la Secretaría de Salud que buscaban contagiados de la enfermedad.
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Una conducta terrible, que debe ser erradicada para evitar que se registre otra vez, y sancionada en los casos en que se pueda hacer.
¡HASTA MAÑANA!