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Ante las desalentadoras evidencias de empeoramiento de la situación de la actividad delictiva en el estado, la autoridad sólo ofrece placebos.
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En la comunicación oficial del gobierno del estado en reacción al más reciente reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la autoridad sólo atina a afirmar que la incidencia delictiva en el estado bajó… citando sólo las reducciones en homicidios dolosos y robos domiciliarios.
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El comunicado bordea los detalles incómodos, como el incremento del 46 por ciento en la incidencia total hasta abril o que la entidad no ha podido salir del incómodo podio de los tres estados con mayor incremento mensual en la incidencia delictiva.
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Verdades a medias no pueden ser verdades, pero mientras permitan salvar en lo más mínimo la cara de la autoridad, seguirán siendo herramientas oficiales.
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En un caso tan oscuro como el de la “fiesta fantasma”, nada es casual ni incidental. Por eso, la noticia de que documentos de la pasada legislatura del Congreso local, relacionados con el pago de 600 mil pesos para un presunto festejo navideño de la Auditoría Superior del Estado que nunca se celebró y cuyo destino nunca se definió, se extraviaron, lo más natural es sospechar.
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La actual Comisión de Vigilancia denunció la desaparición de un acta de sus antecesores de la pasada legislatura de mayo de 2017. Ni en papel, ni en digital está el documento, señaló la instancia.
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Sin embargo, una copia parcial puede encontrarse en la sección del Congreso en la Plataforma Estatal de Transparencia. Quién sabe por qué, pero el acta 14 presenta sólo las páginas pares.
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Por eso, se puede saber parcialmente el tema relacionado con la “fiesta fantasma” de la ASE, y no es cosa menor.
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Se trata nada menos del “carpetazo” que la Comisión de Vigilancia de la pasada Legislatura –la peor y más corrupta, no hay que olvidarlo- al caso del controvertido festejo. Ahí, la instancia decidió que no había irregularidades
en una situación por la que, dos años después, un grupo de funcionarios estarían por enfrentar un proceso penal.
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La mayor parte de la información no aparece en el acta, pero sí quiénes aprobaron la exoneración de ese “cochinero” de la ASE: el perredista J. Guadalupe Torres Sánchez y los priistas Óscar Bautista Villegas y Martha Orta.
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Quizá sea conveniente que la Fiscalía interrogara a los ex diputados locales sobre el punto. Están localizables y, sobre todo los dos primeros, deben estar enterados de muchos, muchos detalles.
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Por cierto, en la lista de ex funcionarios de la ASE citados por las autoridades judiciales sobre
este asunto, no aparecieron los encargados del área de Adquisiciones, que debieron haber sido claves para la autorización de los gastos espurios.