Violencia imparable Cartera abierta
Este 2021 no fue un año bueno para las mujeres potosinas. Otra vez. El discurso oficial sigue hablando de medidas, planes, estrategias, presupuestos y acciones. En el estado sigue vigente la alerta de violencia de género.
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Pero, de nuevo, la violencia no se pudo revertir en la entidad. En feminicidios, es muy probable que 2021 sea peor que el año pasado.
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Los homicidios dolosos fueron peores, pues se dispararon de manera dramática. Y habrá que ver cuántos de ellos, en realidad, tienen las características de los feminicidios.
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Un fenómeno preocupante es el modo en el que se incrementó el secuestro, pues pasar de 2 a 12 en un año es un indicio de gran peligro.
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La violencia sexual también creció, así como la familiar,
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Desde cualquier ángulo, un panorama adverso, en el que ni las autoridades ni la sociedad fueron capaces de brindar un entorno seguro para las mujeres potosinas en este año que está por terminar.
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El Congreso decidió sacar la billetera antes de que termine el año. La Junta de Coordinación Política aprobó un millonario plan para remodelar algunas áreas del Legislativo, realizar varias contrataciones de “asesores, pagar seguridad propia, (aunque no se aclara si se trata de guardias privados), darle a algunos diputados vales de gasolina, comprar chamarras y rentar copiadoras.
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No puede decirse que sea un gasto estacional, pues muchas de las operaciones carecen de antecedentes.
Tampoco puede decirse que el ejercicio de estos recursos sea toralmente transparente. La Junta de Coordinación Política no ha publicado, pese a que la Ley de Transparencia se lo ordena, una sola de sus actas. Se trata de una conducta típica de la gallardía: ocultar los datos.
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Hasta ahora, la información sobre las decisiones financieras del Congreso no se había hecho pública, no al menos motu proprio.
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Esta circunstancia, más los antecedentes negativos del Congreso como institución en el manejo de sus recursos obliga a estar muy atentos a cómo se ejercen esos recursos.
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Hace unos días, en el Interapas se describía al acueducto de El Realito como el mayor dolor de cabeza de la institución, por sus frecuentes fallas.
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Pero no sólo la dependencia sufre por estas fallas. Decenas de familias en comunidades agrícolas ubicadas en los predios por los que pasa el acueducto también enfrentan afectaciones en sus tierras de cultivo, inundadas por sus constantes fugas, que aún ahora, persisten.
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El Interapas tiene el consuelo de que, en cada falla, recibe una millonaria suma por parte de las empresas concesionaria y operadora del acueducto, a manera
de indemnización.
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Sin embargo, los agricultores afectados por las inundaciones no disponen de un apoyo semejante. Las dependencias oficiales deben acercarse a ellos para buscar una solución a este problema.
