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Por temor a quedarse sin suministro de agua para riego y necesidades personales, ejidatarios del ejido “La Presa” ubicado en el municipio de Villa de Guadalupe, denunciaron presuntas irregularidades administrativas de las autoridades federales en el proyecto de la presa “La Maroma”.
Aclararon que sus exigencias son para que se respeten sus derechos agrarios, pues no se oponen a la construcción de la obra hidráulica ni a la del ducto que trasladará el agua al municipio de Matehuala. Sin embargo, exigen que “a nosotros nos dejen lo que, por derecho, por decreto, nos corresponde”.
Los campesinos indicaron que los anexos al ejido “La Presa” que podrían verse afectados son las comunidades de Chilares, Depósitos, Puerta del Río, Presa y Presita.
Denunciaron que las autoridades no se han acercado para establecer un convenio con los residentes del lugar.
“Desde los años veinte del siglo pasado se hizo una lucha para que el ejido gozara de una dotación de agua. Entonces al conectarse ese ducto a Matehuala, sentimos que seremos afectados. Quieren llevarse el 100 por ciento del agua a sabiendas de que nosotros tenemos una dotación oficial”, dicen.
En rueda de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos “Samuel Ruiz” A.C., Daniel Jacobo Marín, abogado y académico del Colegio de San Luis (Colsan), notificó que recientemente se presentaron dos juicios de amparo, uno en materia ambiental y otro agrario. “Lo que esperamos, es que un juez tenga la sensibilidad para reconocer los derechos agrarios que están defendiendo los compañeros. Claro, no en aras de prohibir el agua a Matehuala, sino al contrario, que se mantenga la dotación de aguas que ellos tienen desde 1955”.
Guillermo Luévano, profesor-investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), anunció que la Clínica de Derechos Humanos de esa entidad académica asesorará a los ejidatarios
“Queda muy claro que no es una negativa a los proyectos de crecimiento, sino que estos proyectos suelen estar orientados pensando en el beneficio de empresas privadas”, concluyó.
Aclararon que sus exigencias son para que se respeten sus derechos agrarios, pues no se oponen a la construcción de la obra hidráulica ni a la del ducto que trasladará el agua al municipio de Matehuala. Sin embargo, exigen que “a nosotros nos dejen lo que, por derecho, por decreto, nos corresponde”.
Los campesinos indicaron que los anexos al ejido “La Presa” que podrían verse afectados son las comunidades de Chilares, Depósitos, Puerta del Río, Presa y Presita.
Denunciaron que las autoridades no se han acercado para establecer un convenio con los residentes del lugar.
“Desde los años veinte del siglo pasado se hizo una lucha para que el ejido gozara de una dotación de agua. Entonces al conectarse ese ducto a Matehuala, sentimos que seremos afectados. Quieren llevarse el 100 por ciento del agua a sabiendas de que nosotros tenemos una dotación oficial”, dicen.
En rueda de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos “Samuel Ruiz” A.C., Daniel Jacobo Marín, abogado y académico del Colegio de San Luis (Colsan), notificó que recientemente se presentaron dos juicios de amparo, uno en materia ambiental y otro agrario. “Lo que esperamos, es que un juez tenga la sensibilidad para reconocer los derechos agrarios que están defendiendo los compañeros. Claro, no en aras de prohibir el agua a Matehuala, sino al contrario, que se mantenga la dotación de aguas que ellos tienen desde 1955”.
Guillermo Luévano, profesor-investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), anunció que la Clínica de Derechos Humanos de esa entidad académica asesorará a los ejidatarios
“Queda muy claro que no es una negativa a los proyectos de crecimiento, sino que estos proyectos suelen estar orientados pensando en el beneficio de empresas privadas”, concluyó.
