Chat GPT vs. Gallardo

La administración estatal no desconoce lo que implica el peso de un amparo. La herramienta legal que sirve para la defensa de los derechos ante la arbitrariedad de una autoridad ha sido un dolor de cabeza para el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.

En especial, en el caso de los promovidos por el colectivo ambientalista Cambio de Ruta, y de su líder, el abogado Luis González Lozano, colaborador también en las páginas editoriales de Pulso. 

No han sido pocas las obras o acciones que el gobierno gallardista ha visto detenidas por decisiones derivadas de la justica federal, originadas a su vez por amparos promovidos por Cambio de Ruta o por González Lozano.

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Las obras de reparación de la avenida Himno Nacional, el proyecto de convertir el cráter de Joya Honda en un área natural protegida, el polémico remozamiento del Barrio de San Miguelito, la creación del municipio de Pozos, el plan de reacondicionamiento del parque de Morales, la omisión de generar un plan de protección ambiental para la Sierra de Álvarez, las fallas en garantizar un agua saludable almacenada por la presa de San José y, más recientemente, las obras de ampliación del bulevar Río Santiago, por la depredación ilegal de la flora aledaña a la zona son algunos de los casos que se han dirimido en tribunales federales por estos actos de defensa legal.

No en pocos, la autoridad ha enfrentado suspensiones, que son atacadas con la cantaleta de que son motivadas por el fantasmal grupo del pasado que se ha empeñado en sabotear al gobierno del PVEM. En algunas ocasiones, de manera airada, las críticas son emitidas por el propio Gallardo Cardona.   

Pero el punto en común de estas acciones es que generan amparos por el descuido e ignorancia de las dependencias involucradas, originado a su vez por un vició más grave: la soberbia nacida de la idea de que este gobierno es omnipotente en sus decisiones en tal grado que se permite pasar por encima de la ley y de los derechos de la ciudadanía.

Pues bien, esta columna tuvo acceso a una nueva acción legal que ofrece aspectos relevantes y, en cierto punto, novedosos.

Cambio de Ruta promovió la semana pasada una demanda de amparo, que el Juzgado Sexto de Distrito admitió y convirtió en el expediente 557/2025, contra la controvertida reforma a la Ley de Ingresos de este año que permitió el aumento de los trámites de control vehicular y que cuestiona también el cobro del concepto de asistencia social.

A principios de este año, la Secretaría de Finanzas enfrentó una tormenta de quejas al descubrirse que el trámite de control vehicular se elevó casi 70% con respecto a 2024. Ese año, la tarifa era de mil 344 pesos y pasó a dos mil 240.  

En Unidades de Medida y Actualización, las famosas UMAs, el alza fue de 2.8 a 6.6.

También cuestiona el cobro rubro de asistencia social, que agrega a los pagos un 25% a los cobros a los que se les aplica “un estímulo” en el cobro de derechos, cuyo destino, según cambio de ruta, es fantasmal. 

La Secretaría de Finanzas y el gobierno estatal hizo malabares para intentar de convencer que no había incremento, con argumentos que fueron desde la consabida “actualización”, operaciones matemáticas engañosas y hasta el amago de acciones penales contra quienes difundieran lo evidente: que se estaba cobrando más por el trámite que, a parte, se presumía era gratuito.

Contra ese incremento va el amparo de marras. En él van envueltos el Congreso, por aprobar la Ley de Hacienda, el Ejecutivo, Finanzas y la General de gobierno, por la publicación de la norma en el Periódico Oficial del Estado en su edición del 26 de diciembre de 2024.

No es baja la suma involucrada. Para este año, la Sefin presupuestó 934.4 millones de pesos por el cobro de trámites del control vehicular y 243.6 millones para el caso de asistencia social. Mil 1780 millones de  pesos para ambas sumas.

De obtener el amparo González Lozano, ¿perdería el gobierno esa suma? No. El abogado presenta el amparo esperando la devolución de dos mil 354 pesos, que pagó por el trámite de su unidad. Pero de obtenerlo, establecería el camino para quien quisiera repetir la medida, lo hiciera con éxito.

A la larga, podría forzar un cambio en el modo en el que Finanzas fundamenta estos cobros a fin de evitar su vulnerabilidad jurídica.

Y es que los argumentos del amparo apuntan a que presenta deficiencias en su fundamentación, que hacen al incremento susceptible de cuestionarlo.

De inicio, el cobro rompe con el principio de proporcionalidad tributaria, pues el aumento no es proporcional al insumo que recibe el contribuyente ya que no hay una relación entre la equivalencia del costo del servicio y el monto del derecho.

En cuanto al 25 por ciento de asistencia social, el cuestionamiento va por el hecho de que no respeta el prncipio de legalidad tributaria, al no haber relación entre el cobro que se hace y el servicio de control vehicular. El amparo cita jurisprudencia d ela Suprema Corte de Justicia d ela Nación que ha establecido que debe existir esa relación, y al no haberla, se convierte en un impuesto disfrazado.

Tampoco queda establecido con claridad y transparencia el destino de la recaudación por ese concepto.   

Eso es lo que respecta al fondo. En el apartado de la forma, llama la atención un aspecto del amparo.

“Es menester señalar que”, dice en una parte, “en aras de la innovación jurídica y la eficiencia procesal, el presente escrito ha sido redactado, estructurado e integrado totalmente mediante el empleo de inteligencia artificial, conservando en todo momento el rigor técnico-jurídico y el criterio profesional que exige la seriedad de este procesamiento constitucional”.

Chat GPT se pone traje y corbata para litigar una norma gubernamental. Si tiene éxito el amparo, sentaría un precedente.

Y es que el uso de la inteligencia artificial en el ejercicio de la abogacía es terreno virgen para el Derecho en México. No se conocen regulaciones al respecto en el país, sólo guías de códigos de conducta para buenas prácticas para el uso legal.

En Estados Unidos y en Europa ya se empieza a regular la cuestión, pero en nuestro país, no hay nada todavía.

En este caso, la herramienta cibernética, previa instrucción del abogado, analizó el asunto y redactó la demanda, que fue sometida al análisis del promovente antes de presentarla.   

Sería el primer caso en su tipo en el país y seguramente despertará la controversia en el medio. 

¿Y cómo va el amparo? Pues al menos el Licenciado GPT ya logró que sea admitido por el Juzgado federal. No tuvo éxito en lograr la suspensión provisional de la medida, es decir, el cobro fiscal, porque, explica el fallo, de haberla obtenido, es decir, que finanzas le regresara al abogado los dos mil 354 pesos como media provisional, hubiera dejado sin materia al amparo.

El Juzgado ya pidió a las dependencias involucradas sus informes previos y citó a la audiencia incidental para el 14 de mayo, es decir, el próximo miércoles.

El gobierno gallardista  ya resiente la rebelión de las máquinas. 

¿De parte de quién?

Carmen Aristegui, al develar la perversa estrategia de los #TelevisaLeaks expuso una realidad apabullante: la industrialización de las noticias falsas para contaminar la discusión pública de asuntos relevantes.

Una filtración de 5 gigas con archivos de El Palomar, la dependencia a cargo del ejecutivo Javier Tejado encargada de fabricar las “fake news”, reveló también una terrible agravante: un medio de comunicación, que en teoría debía cumplir con las normas de la ética periodística, en realidad las violaba completamente al tergiversar la información para convertirla en arma contra adversarios políticos, competidores o blancos a pedido.

Las redes fueron el vehículo de los ataques, con la creación de miles de cuentas falsas y perfiles de supuestos medios de comunicación a través de los cuales se diseminaban los mensajes calumniosos.

El mérito de la investigación de Aristegui Noticias no es revelar una realidad, que ya era de sobra conocida, sino de respaldarla con el peso de la evidencia que les ofreció un “whistleblower”, un exempleado de Televisa que, por despecho o venganza ante el maltrato laboral, decidió hacer públicos los datos.      

La práctica, se decía arriba, no fue descubierta por Carmen Aristegui. Es conocida en todo el país y el mundo y San Luis no es la excepción.

Casi desde el surgimiento de las redes, grupos políticos e individuos descubrieron su poder como un arma de desinformación.

Disfrazadas de información publicada en medios de apariencia legítima, las “fake news” han prosperado en San Luis Potosí. 

Y el ventilador ha girado en redondo, salpicando a opositores, gobernantes de signo variado, medios y periodistas (este tecleador ha recibido “cariñitos” de este tipo un par de veces) y activistas críticos de las autoridades. 

Lo que indica una certeza: los blancos son políticos, así como los intereses que los impulsan.

A últimos días los muros de Facebook se han visto inundados de mensajes de este tipo en referencia a San Luis. Lo que revela también otra característica de esa estrategia: los mensajes se presentan como anuncios pagados, es decir, los promueve alguien y no tienen ni origen ni circulación orgánica.

La UASLP, un medio de comunicación y sus directivos y el vocero de Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias, han sido blancos de estas campañas, con información de presuntos medios de comunicación, supuestamente foráneos, alguno local, pero comparten como característica el más profundo anonimato al omitir los créditos de las notas publicadas e incurriendo uno de las más grandes contradicciones en un medio de comunicación: carecer de directorio.

Si no se tiene el valor de firmar una nota en un medio que no se atreve a dar la cara, es muy probable que la información difundida no sea veraz. 

Pero esos son sólo los vehículos. La gasolina que los mueve, es decir, el dinero, viene de algún lado.

Y aunque es imposible decir con certeza que en esas sumas se incluye presupuesto público, en algunos de estos casos, a través del medio y del mensaje, se puede inducir quién es el emisor.