La red millonaria

Por Jaime Hernández

Marzo 02, 2025 03:00 a.m.

En tiempo recientes, en el tema del manejo dudoso en los contratos públicos en San Luis había fijado los reflectores en dependencias estatales. Y con razón: la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública, la Secretaría de Salud y el Patronato de la Feria Nacional Potosina, por citar los ejemplos más notorios, han dado muestras evidentes de que sus contratos son fuentes de sospecha y opacidad.

No era usual la presencia del ayuntamiento de la capital en estos listados, pero a partir de ahora, hay motivos para incluirlo en el cuadro de deshonor.

Y es que una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la 2023-D-24028-23-1796-2024 cambia el panorama al exponer una trama en torno a una docena de contratos de obra que suman casi 370 millones de pesos que es un catálogo de malos manejos.

Su universo son contratos firmados por el gobierno de Enrique Galindo Ceballos, en los que se manejaron recursos federales.

Se trata de contratos de obras estrella del gobierno galindista: uno del programa de repavimentación Vialidades Potosinas, cuatro vinculados al paso a desnivel en el cruce de Cordillera de los Alpes e Himalaya, en Las Lomas, un par de contratos hidráulicos e incluso cinco del fallido proyecto de un paso a desnivel en El Saucito, que a pesar de ello, aparecen como pagados.

Son 10 las empresas que se repartieron el pastel, tosas sociedades anónimas de capital variable: Pumasa Construcciones y Proyectos, Torang Construcciones, Constructora CCST, Comercializadora y Distribuidora Kazamape, Edificadora Trento Mexicana, Wasserfall Bautragering, Harkitec H&H Desarrollo Arquitectonico, Construcción y Logistica, Jade Infraestructuras, Maquinaria y Renta Potosinas y Construcciones y Servicios de la Huasteca; y un contratista particular, Juan José de Jesús Trujillo López.

Salvo el primero, coahuilense, los demás contratistas son de San Luis Potosí.

La auditoría es parte último informe de revisiones del ejercicio 2023 a dependencias que manejaron recursos federales. Su resultado fue sorprendente. Y no en el buen sentido.

Porque la ASF reveló un oscuro entramado que el propio ente fiscalizador consideró un esquema "de colusión" entre varios contratistas "con vínculos económicos, financieros y comerciales, en torno a un reducido número de actores, socios de las empresas contratadas y también de aquellas que fueron indebidamente subcontratadas, que incurrieron en posible colusión, limitando la competencia y restringiendo la oportunidad de contratación".

Y se pone peor. En ese esquema de colusión participaron funcionarios de la Dirección de Obras Públicas del ayuntamiento con un paso previo por algunas de las empresas favorecidas por los contratos, cuyas acciones y omisiones beneficiaron a sus antiguos empleadores despertaron en la ASF la sospecha del conflicto de intereses.

A eso habría que sumar una plétora de anomalías: asignación directa de contratos sin justificar, uso irregular de documentación oficial con el fin de engañar al ayuntamiento para conseguir los contratos, subcontratación de obras que generaron onerosos sobrecostos, simulación de competencia en las licitaciones, socios compartidos en varias empresas beneficiadas, manipulación de fechas del proceso de asignación de contratos entre muchas anomalías más. Los contratos se otorgaron entre 2022 y 2023.

Entre las anomalías, está una en que en 9 contratos, las empresas presentaron a la alcaldía constancias de situación fiscal vencidas hasta por dos meses y en un caso, el requisito fue cubierto cinco días después de entregado el contrato, cuando se trata de un requisito previo.

En otro caso; Harkitec presentó como propia una constancia de cumplimiento de obligaciones de seguridad social que en realidad pertenecía a una empresa que no sólo era distinta, sino había competido con la ganadora de esta licitación, lo que violaba disposiciones no sólo administrativas, sino penales, y que reflejaban una omisión del ayuntamiento de verificar el cumplimiento de requisito.

La ASF notificó al SAT y al IMSS la existencia de las anomalías, para que, en sus respectivos ámbitos, para que confirmara el cumplimiento de las obligaciones de las empresas.

En dos casos, el monto de los contratos fue modificado al alza sin que el alcalde Enrique Galindo, autoridad facultada, lo autorizara. La justificación del ayuntamiento fue que la ASF había revisado una copia sin firmas. El documento bueno, con la firma del edil, estaba en poder de la sindicatura y fue presentado.

La ASF también detectó una probable usurpación de funciones públicas en los doce contratos, pues señala que quien ocupaba el cargo de subdirector de Construcción de la Dirección de Obras Públicas hasta el 31 de enero de 2024 abandonó ese puesto, pero que en marzo de ese año, todavía firmó actas de extinción de derechos de los contratos, sin tener atribuciones para hacerlo.

En ese tiempo, el cargo lo ocupaba Marcelo Brandi Elgezabal, que si bien seguía apareciendo en ese cargo en el directorio municipal hasta agosto del año pasado, el último documento oficial relacionado con contratos data de noviembre de 2023.

Entre esa fecha y mayo, todos los documentos relacionados con contratos de obra aparecen sin la firma de un representante de la Subdirección de Construcción, hasta mayo del año pasado, cuando ocupó el cargo Eustorgio Chávez Garza.

El reporte de la ASF atribuye al Director de Obras Públicas, en ese entonces Nazario Pineda Orosio el "probable encubrimiento" de Brandi Elgezabal, del que era jefe inmediato. En este caso, la ASF también señala posibles responsabilidades penales por la anomalía.

También se premió la incompetencia. En el contrato hidráulico cedido al particular Jesús Trujillo, la observación 25 señala que en el contrato AO-EST-245800030-72-2023 se otorgó sin que la alcaldía detectara que el contratista "carecía de capacidad técnica y profesional para cumplir con el contrato".

En su currículum, el particular, se refería a un tercero para el que prestaba servicios como superintendente y que ese será su papel en la obra valuada en 10 millones de pesos.

La observación 41 descubre el entramado de colusión empresarial e incluso de funcionarios municipales.

A través de los movimientos bancarios y trámites fiscales de las empresas, la ASF descubrió que Hartek, ganadora de la licitación LO-EST-245800030-77-22, pagó 336 mil pesos a la empresa con la que compitió en la licitación, aquella de la que presentó como propias las constancias ficales y de seguridad social ajenas. El movimiento fue visto como una "posible colusión".

En otro movimiento anómalo, la ASF detectó que Torang Construcciones, ganadora de un contrato de Vialidades Potosinas por 47.9 millones de pesos, subcontrató a un tercero, al que sólo ofrece el número de registro, GCO/161/2022, en un padrón de proveedores no precisado, por un monto inferior, 39.8 millones de pesos, por lo que se considera un sobrecosto de 8 millones de pesos.

No es el único caso. Encontró que Edificadora Trento Mexicana, que obtuvo un contrato para obras de drenaje en el paso a desnivel de Himalaya y Alpes, por 17.4 millones de pesos, subcontrato la obra a una empresa moral sin registro en el padrón de contratistas, a la que pagó una cifra inferior, 11.4 millones de pesos, lo que generó un sobrecosto de 5.9 millones de pesos.

En donde la estrategia alcanzó su pináculo fue en el contrato LO-EST-245800030-62-2023, la construcción del paso inferior de Himalaya, el de más alto costo del paquete, con 165 millones de pesos.

El contrato se entregó a dos empresas, Edificadora Trento Mexicana y Wasserfall Bautragerind, que comparten accionistas, según el Registro Público de Comercio de San Luis: los hermanos Edgardo y Leopoldo Stevens Pérez, hecho que no deja de señalar la ASF.

Un dato curioso es que Edificadora Trento Mexicana declaró tener un solo empleado registrado ante el IMSS: su administrador único y socio, Leopoldo Stevens Pérez.

Quizá por esa nómina tan escueta, el consorcio ganador tuvo que subcontratar a cinco empresas, tres sin registro de proveedores en el municipio, al ya mencionado contratista GCO/161/2022 y a otra beneficiada con contratos Harkitec.

Como en los otros casos, le pagó menos que lo que recibió del ayuntamiento, 134.4 millones de pesos, lo que implicó un sobrecosto de 30.6 millones de pesos, mediante una maniobra, la subcontratación, que la empresa se comprometió a no realizar en el contrato firmado.

El escenario de una competencia concertada, en la que las empresas aparentaron pelear por los contratos, pero que en realidad operaron de acuerdo para beneficiarse colectivamente se pinta completo en la observación 48.

En ella, la ASF desglosa 12 puntos de convergencia entre las empresas, como las subcontrataciones irregulares entre empresas distintas y hasta competidoras.

En un caso, el de las empresas de los Stevens, uno de ellos es socio en empresas subcontratadas e incluso en una compañía ajena a la construcción, dedicada al lavado de autos.

De este panorama, destacan dos hechos: el primero, que el contratista identificado como GCO/161/2022 parece ser el nudo que ancla la red. Fue subcontratada en 4 proyectos, en uno de los cuales, realizó toda la obra y tuvo como proveedores a otros dos subcontratistas involucrados en el paquete de obras,

La ASF también descubrió una transferencia de 9.1 millones de pesos de la empresa Construcciones y Servicios de la Huasteca, ganadora de un contrato del fallido proyecto de El Saucito por 16.2 millones

de pesos.

¿Se podría haber logrado esto sin que uno de los puntos de la red estuviera dentro del ayuntamiento?

El punto 12 de la observación sugiere que no, pues revela que en noviembre de 2023, cuando transcurría el tiempo de la obra, una persona fungía como director técnico de, precisamente, el contratista GCO/161/2022.

En febrero de 2024, se convertía en servidor público al ser designado como subdirector de Obras Públicas de la alcaldía y en octubre de ese año, ascendió a la Dirección de Obras Públicas.

El personaje sería Eustorgio Chávez Garza. Según su CV publicado por la alcaldía, entre enero de 2020 y febrero de 2024 fungió como jefe de obra civil de un "consorcio empresarial" privado.

No se pudo encontrar ninguna empresa con ese nombre en específico, pero en su CV aparece como dato de la compañía el RFC CAGE79031FV8, pero una búsqueda de datos relacionados a ese registro no arrojó ningún dato.

A inicios de 2024, Chávez Garza entró al relevo de Marcelo Brandi. A la salida de Nazario Pineda, en julio de ese año, fue nombrado encargado de despacho. Al inicio del nuevo trienio de Galindo Ceballos, recibió ya el nombramiento oficial como director.

Su presencia en ambos lados de la mesa de negociación fue vista por la ASF como "un indicio de posible conflicto de interés en las actuaciones vinculadas a los contratos antes descritos".

El dictamen termina con una observación de 125 millones de pesos que está pendiente de aclaración.

De cómo solvente el gobierno de Enrique Galindo Ceballos este enredo no sólo depende el rumbo que tenga esta auditoría, sino también la imagen de su administración como un gobierno honesto en el manejo de los recursos públicos.