PREFERENCIA FORÁNEA
Potosí para los potosinos” es el eslogan principal del arsenal discursivo del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona. De hecho, es el lema que aparece en el logotipo de su administración.
Sin embargo, hay un aspecto en el que la frase es letra muerta: el de los contratos de construcción, especialmente de las obras más grandes y más costosas.
Las dependencias encargadas de realizar obra pública, como la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), la Secretaría de Salud, la Junta Estatal de Caminos (JEC) y el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE), e incluso la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez son parte de esta tendencia.
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La situación, incluso, va contra reformas legislativas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y la de Adquisiciones del Estado, diseñadas a privilegiar a las empresas locales por encima de las foráneas cuando se cumplan ciertas circunstancias en los procesos de licitación.
Y pese a ello, el sector directamente afectado, el de los constructores potosinos, guarda absoluto silencio, resignados a ver cómo la mayor parte del presupuesto estatal para obras públicas se la lleva la competencia foránea.
Ha habido amagos de quejas, pero sin consecuencias. En 2023, cuando este medio reveló que dos empresas de Monterrey y una de las favoritas locales del gobierno gallardista se llevaron el contrato de la Arena Potosí, el representante de una compañía que participó en la licitación, también foránea, contacto a quien esto escribe para revelar las anomalías registradas para canalizar el proceso hasta el resultado final.
Tras varios intentos de contacto, que incluyeron “plantones” en reuniones acordadas previamente, la fuente rompió el contacto. Es claro que el temor de represalias pesó más en este “whistleblower” que el deseo de denunciar las irregularidades que enfrentó su empresa.
En el lado institucional, nadie en la delegación local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) ha hecho un comentario sobre el desigual trato.
Lo anterior pese a que el impacto económico es alto. En julio de 2024, una estimación realizada por el periodista Juan José Rodríguez Medina en su columna “Las 9 Esquinas” calculaba que de seis mil 031 millones de pesos manejados en los contratos de obra pública que para entonces había entregado la Seduvop, el 63%, es decir, tres mil 804 millones de pesos, habían ido a parara a las cuentas de empresas foráneas.
La parte restante, dos mil 227 millones, apenas el 36 por ciento de la suma, se quedó en constructoras locales, aunque buena parte de ella la acaparó un grupo de empresas favoritas del gobierno gallardista.
Si a los constructores potosinos les gana el afán de conservar migajas en lugar de luchar por la ventaja competitiva que les dan las leyes locales, muy su problema. Pero es clara la estrategia gubernamental de priviliegiar a las compañías no potosinas.
Y es que los botones de muestra del trato preferencial abundan. Algunos han sido revelados en este espacio.
Está la ya mencionada Arena Potosí, cuyo contrato por 481 millones de pesos fue ganado por las empresas regias Axis de Monterrey y Axis Construcciones de Monterrey, en colaboración con una de las favoritas de la Seduvop, Triturados, Asfaltos y Construcciones El Palmar.
El contrato más oneroso hasta ahora que ha dado la dependencia, el de la ampliación del Bulevar Río Santiago hasta Palma de la Cruz, por mil 025 millones de pesos, fue entregado a dos empresas tabasqueñas, Jiménez y Falcón y MB Construcciones. En este proceso hubo participación de un postor potosino, y con un ofrecimiento de menor costo que el ganador foráneo, pero fue desechado.
La compañía ganadora es propiedad de empresarios señalados como “prestanombres” del mandatario estatal y que también, como particulares, han recibido contratos del IEIFE.
Esta empresa tiene ligas con otra compañía tabasqueña, de la que se escribió aquí la semana pasada, Corporativo Havacuc, a la que los Servicios de Salud, le asignó un contrato de 70 millones de pesos por la fase final de la remodelación del Hospital General de Rioverde.
Uno de las obras emblemáticas del gobierno gallardista, el puente “atirantado” de la calle 71, famoso por el atraso que implicó su construcción, estuvo a cargo de una constructora de Michoacán, Contratista General de América Latina. También aquí hubo una empresa potosina participante, pero también fue ignorada.
Por su parte, Rodríguez Medina documentó en su espacio que los contratos por la finalización de la Vía Alterna, proyecto que el gobierno federal dejó trunco, recayeron en cuatro empresas foráneas: Lara Diseño en Construcción y Construcción y Servicios de Zacatecas, ambas de esa entidad; y Construcciones Becma e Inmobiliaria Lorhnos, asentadas en Hidalgo.
El periodista resaltó el enorme sobreprecio que manejó la Seduvop en esos contratos, en comparación con la parte pagada por la SICT federal.
También están las constructoras de Jalisco, Coahuila y el Estado de México que recibieron contratos de obra de la pasada administración municipal soledense, cuyos socios tenían en común ser aficionados a la charrería y que votaron, contra los estatutos de la federación de ese deporte, por repetir la sede del campeonato nacional en San Luis, tras el fiasco del primero. Los contratos se dieron poco antes o después de celebrado el evento.
La opacidad con la que la Seduvop se maneja en materia de transparencia impide conocer el origen de las empresas beneficiadas por contratos de obra en la Fenapo, los parques Tangamanga 1 y 2, la remodelación de Himno Nacional y las obras de San Miguelito, y así debe ocurrir en muchos casos más.
Pero actualmente, se estaría desarrollando un proceso que sigue la misma línea de privilegiar a empresas constructoras foráneas.
Se trata del nuevo puente vehicular en el cruce del Periférico (hoy Circuito Potosí) y el bulevar Valle de los Fantasmas, o lo que muchos potosinos siguen llamando la carretera
a Rioverde.
Esta obra presenta un detalle desconcertante: fue “inaugurada” a principios de marzo pasado, pero la convocatoria de licitación se emitió un mes después y, formalmente, el proceso aún no concluye.
La convocatoria fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado el 10 de abril y pone como fecha de firma de contrato el 2 de mayo.
Sin embargo, ya hay cierres viales y las obras ya iniciaron.
Información de la Seduvop establece que en el mismo, para variar, no participan empresas potosinas.
Hay dos postores, ambos foráneos: Eco Transforma SA de CV, de Acapulco, Guerrero; y Construcción y Desarrollo Gaia-Sinergy, asentada
en Querétaro.
La empresa queretana, fundada en 2020, impresiona porque la lista de sus objetos sociales ocupa ocho de las diez páginas que integran su acta constitutiva, puede hacer y vender prácticamente de todo. En 2021, antes de hacer negocios en San Luis, cambió de propietarios.
La de Guerrero, constituida también en 2020, incluye la construcción, pero sus actividades originales estaban inclinadas al tratamiento de desechos.
El proceso de licitación ha avanzado hasta la junta de aclaraciones, que se celebró el pasado 15 de abril.
Las vacaciones de Semana Santa se atravesaron y será hasta el próximo 25 de abril cuando las propuestas se presenten y el dos de mayo, la Seduvop dará el fallo.
La convocatoria publicada en el Periódico Oficial del Estado pone como fecha de inicio de los trabajos el 19 de mayo, por lo que ya deberían ir muy avanzados.
Otro detalle que genera la paradoja generada por el adelantamiento de la Seduvop es que ya se conoce el monto del proyecto que aún no se licita, revelado por el propio gobernador: 300 millones de pesos.
Hasta ahora, sólo una cosa es segura: no serán para una empresa potosina.
