Rijosos e inútiles
El jueves por la tarde, los paseantes que andaban en la Plaza de Aranzazú vieron como varios vehículos policiacos se concentraban en el café Cortao, uno de los restaurantes más populares del Centro Histórico, que había sido blanco de un robo.
Patrullas y motos de la "Polisía" y de la Guardia Civil del Estado, las corporaciones insignia del ayuntamiento y del gobierno estatal, respectivamente y vehículos civiles, sin más elementos que las titilantes luces azul y roja, que identificaban a sus integrantes como parte de la Policía Investigadora invadieron la calle Independencia.
Sus elementos dialogaban, intercambiaban datos y asumían las tareas que les corresponden en este tipo de casos. A primera vista, parecían corporaciones que trabajan coordinadamente y en equipo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Pero eso es en la calle. En las cúpulas, los comandantes de ambas corporaciones, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, por el lado estatal, y el alcalde Enrique Galindo Ceballos, del bando municipal, están enzarzados en un amargo pleito que dejó en evidencia que, en materia de seguridad pública, la politización y el divisionismo ha sustituido a la estrategia y a la colaboración.
Y esto ocurre en un momento complicado. Los robos céntricos, como el del popular Cortao, esos que generan preocupación entre ciudadanos y comerciantes, siguen ocurriendo.
Si de preocupación se habla, la opinión pública tiene puesta la atención en el caso del asesinato de una mujer, que ayer cumplió una semana. Cuando entraba a un negocio marmolero, Sandra Reviolla fue herida mortalmente de dos balazos, propinados por uno de los dos agresores que se introdujeron al local tras ella.
Conocida en el entorno empresarial y social, la muerte violenta de Sandra Revilla despertó la indignación a tal grado que propició el clima para convocar a una marcha que se celebrará hoy.
La ruta de la movilización llama la atención por un detalle: evita el centro, imán tradicional de este tipo de marchas. Fundadores y la Plaza de Armas, que es decir Palacio de Gobierno, quedaron fuera en el trayecto hacia la sede de la Fiscalía General del Estado. ¿Hubo alguna petición para que fuera de ese modo?
El miércoles, otra mujer fue asaltada cuando salía de una sucursal bancaria de la plaza comercial más grande en Soledad. Al resistirse, fue baleada. Los asaltantes no se llevaron el dinero y dejaron a la víctima muy mal herida.
Un día antes, en Los Vergeles, una pareja murió baleada en su domicilio, un recordatorio de que, si bien, los casos de violencia delictiva extrema se han reducido, persisten las condiciones para que ocurran en cualquier momento.
Y el 30 de abril pasado, el descubrimiento de un narcolaboratorio en plena Zona Industrial de la capital derribó el mito oficial de que San Luis no era un sitio de producción de drogas sintéticas.
Usualmente ubicados en despoblado, en lugares inaccesibles, los narcolaboratorios no están asociados a zonas urbanas. En el caso potosino, no sólo ocurrió eso, sino que operaba en el sitio en el que disponía de todo lo necesario para su actividad, dándole un nuevo sentido al concepto de industrialización de la producción de droga.
En este escenario, estalló la guerra declarativa entre el gobierno estatal y el ayuntamiento, centrada en las acusaciones mutuas de falta de colaboración en el combate al crimen.
Pero el panorama no sólo pinta complicado en lo local. Dos reportes externos aparecieron en estos días para coincidir que en San Luis Potosí, hay focos rojos en materia de inseguridad.
El Instituto para la Economía y la Paz es una organización internacional que anualmente evalúa la situación de la seguridad pública en los países y acaba de publicar su Índice de la Paz para México 2025.
Y los resultados para San Luis presentan claroscuros. En el ranking de estados, la entidad subió tres puestos con respecto al ejercicio anterior, del sitio 20 al 17, aunque su avance en puntuación fue apenas simbólica: una diferencia de 0.16 puntos.
El detalle es menos positivo si se va al detalle. "Entre 2015 y 2024, la tasa de crímenes de la delincuencia organizada mejoró en diez estados y se deterioró en 22. En este periodo, los estados de Guanajuato, Colima y San Luis Potosí registraron los mayores deterioros en sus tasas", señala en una parte.
Los delitos a los que se refiere el párrafo anterior son extorsión, secuestro y trata de personas, narcomenudeo y delitos graves de la delincuencia organizada. Este conteo deja de lado los delitos contra la vida y la integridad.
Aún así, es demasiado grave.
El otro documento relacionado con la inseguridad en San Luis Potosí lo publicó la Drug Enforcement Administration, la polémica DEA del gobierno estadounidense. Se trata del National Drug Threat Assessment, la Evaluación Nacional de la Amenaza de Drogas.
El documento es casi una monografía actualizada de los cárteles mexicanos, con quien la agencia estrena la clasificación de Organizaciones Terroristas Extranjeras, que les aplicó el gobierno trumpista.
La DEA no se ahorra adjetivos al calificar la gravedad de la actividad de estas bandas. Señala que el país vecino recibe un "inmenso daño", por lo que son considerados una "amenaza directa" a la seguridad, la salud y la economía estadounidense.
Entre la información que muestra, se incluyen dos mapas con la presencia y actividad de los cárteles mexicanos en el territorio de nuestro país.
Entre ellos, destacan los de las dos organizaciones criminales más peligrosas del país: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En ambos mapas, aparece un dato inquietante: San Luis Potosí aparece entre los estados con "presencia significativa". Desplazaron ya a las organizaciones que llegaron a dominar la actividad delictiva en la entidad, la del Golfo y la del noreste.
Con la mira del gobierno de Donald Trump puesta en los cárteles, pero también en quienes se apoyen, sean civiles o sean autoridades, el dato no deja de ser relevante.
En ese contexto, cobra mayor relevancia el dato del narcolaboratorio descubierto en la Zona Industrial mes pasado, tema que las autoridades locales se apresuraron a enterrar, achacándoselo al gobernó federal.
Y mientras el estado se ubica en la mira de Trump y su población se prepara para protestar por la actividad delictiva, el gobernador y el alcalde debaten si uno incumple su responsabilidad, por pereza, de asistir a las mesas de paz o el otro denuncia que dichos encuentros sólo sirven para acumular "horas nalga" sin generar utilidad alguna.
Este pleito es una de las consecuencias más nefastas de la competencia política que se ha abierto entre el gobierno del PVEM y la oposición.
No hay por qué disimular: la elección de 2024 alargó la competencia por la gubernatura de 2027. El gobierno de Enrique Galindo sobrevivió a la ola gallardista y se mantuvo como la alternativa al Verde a la renovación de la gubernatura.
La estrategia absolutista del gallardismo se enfoca a limar cualquier rastro de oposición. Ha logrado anularla o asimilarla casi a toda, menos a Galindo. Y por ello, concentra en él el fuego.
El alcalde ha resistido, casi sin respuesta, hasta ahora, que se ha atrevido a cuestionar que no existe una estrategia estatal contra la seguridad.
Pero ninguno de los dos puede decir que ha sido completamente exitoso. Y menos lo serán si dedican su tiempo y esfuerzo a denostarse mutuamente.
En ese sentido, la rijosidad los hace ineficientes ante la responsabilidad que ambos tienen para garantizar la seguridad de sus gobernados.
Fuera de norma
Las decisiones del gobierno estatal en materia de tramitología vial no sólo han generado reacciones en el ámbito de los tribunales, sino también en el legislativo.
La semana pasada, se habló aquí de una demanda de amparo contra el cobro del derecho vehicular, presentada por el abogado Luis González Lozano, líder de la organización Cambio de Ruta, con la particularidad de que el andamiaje legal que la fundamentaba y el texto habían corrido a cargo de una inteligencia artificial.
Pero en otros ámbitos hay movimiento. Desde 2021, el Congreso del Estado avaló la iniciativa del gobierno de Ricardo Gallardo de que la licencia de manejo fuera un documento de trámite gratuito y de duración permanente. Las primeras se expidieron en 2022.
Junto con San Luis Potosí, el Edomex, la CDMX, Oaxaca y Tamaulipas establecieron la licencia gratuita y permanente.
También en 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados su iniciativa para una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que fue aprobada ese año.
Entre otras cosas, establecía en su artículo 51 que los estados establecerían los lineamientos para tramitar licencias de conducir, además de la obligación de exámenes teóricos y prácticos sobre los conocimientos de manejo.
El problema era que las licencias permanentes de San Luis y los otros estados no estaban previstas en ese artículo, que sólo establecía que la vigencia no sería mayor de 5 años.
Una diputada federal, la morenista Eunice Mendoza, se percató de la anomalía normativa en febrero de este año, y presentó una iniciativa para modificar el artículo 51.
En su exposición de motivos señala que, al ser una Ley General, la de movilidad busca establecer las normas mínimas en la materia, para permitir que los estados las adapten a sus realidades.
Por esa razón, la iniciativa no busca prohibir o imponer las licencias permanentes. Así que, en aras del federalismo, sólo incluye en la legislación esa modalidad, dejando en los estados la decisión de utilizarla o no.
El tortuguismo de San Lázaro mantiene la iniciativa pendiente de aprobación. Y si bien no se atreve a ir contra las licencias permanentes, sino más bien, viendo que se trata de un hecho consumado, asimilarlas a la normatividad; la propuesta evidencia que fue lanzada sin tomar en cuenta si contravenía la legalidad vigente, en este caso, una norma federal.
