Tracala regnum

De las últimas cosas que empresarios recibieron reporte sobre el fideicomiso de inversiones que Gobierno del Estado debe fondear con el impuesto sobre la nómina, es que un crepuscular gobernador Juan Manuel Carreras López quedó a deber aportaciones por unos 110 millones de pesos. El motivo: la pandemia trastornó la economía, alteró los ingresos y disparó los gastos del gobierno.

Ya no hay pandemia. La industria, la inversión y el empleo se recuperan a un paso más rápido incluso del que la zona metropolitana de San Luis Potosí puede siquiera atender en infraestructura, agua potable y movilidad. Para este año, la Ley de Ingresos del Estado de San Luis Potosí, ejercicio 2023, estableció una meta recaudatoria de impuesto sobre la nómina por 2 mil 989 millones 175 mil 823 pesos.

El artículo 8° de las Reglas de Operación del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí, conocido como “fondo de inversión”, establece que el presupuesto estatal que se asigne al fideicomiso “equivaldrá al 20 por ciento del monto recaudado del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal”, conocido como impuesto sobre la nómina.

Este año, entonces, si la meta recaudatoria se alcanza, el fideicomiso de inversión deberá tener cerca de 600 millones de pesos en su patrimonio… pero a la fecha no hay un peso.

El fideicomiso o fondo fue creado en 2014, durante la administración de Fernando Toranzo, para que parte de ese gravamen se aplicara en mejorar la infraestructura productiva, se atrajera inversión y se apoyaran proyectos concretos. El primer gran tema de ese fondo fue cumplir los compromisos crediticios para la compra de terreno y desarrollar los servicios para la armadora BMW, unos 750 millones de pesos.

De lo transferido por gobierno estatal al fondo, “como mínimo el 99% (noventa y nueve por ciento) se destinará a los apoyos para proyectos productivos”. El resto será para los gastos de operación. Y en ningún caso, el patrimonio fideicomitido podrá destinarse al gasto corriente de la Administración Pública Estatal. La pellizcada carrerista de los recursos para atender la pandemia, si fue o no cierta como se las explicaron, no cabe en “proyectos productivos”, por eso ni siquiera se ingresó el recurso.

La facultad de tomar decisiones sobre el patrimonio del fideicomiso de inversión es de un comité técnico que preside el gobernador, a quien suple en ausencia el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. La mesa la integran trece personas. El secretario de Finanzas, el del Trabajo y el del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo (Sifide), también forman parte. Debe haber tres diputados locales. La representación empresarial la tienen seis ciudadanos designados por el gobernador, entre ellos el coordinador técnico que cumple funciones operativas. La Contraloría del Estado tiene un lugar sólo como visor permanente.

Después de cubrir los compromisos del Clúster BMW, la aportación continuó y se canalizaron recursos a proyectos elegidos por el Comité, algunos observados por la Auditoría Superior en las cuentas públicas bajo el criterio literal de “productividad” que exigen las reglas de operación. Por ejemplo, en la cuenta 2017, la ASE observó el proyecto para ampliar el estacionamiento del edificio de Canacintra, porque no lo encontró alineado con los fines del fondo.

Hay hoy otra administración, del verde Ricardo Gallardo Cardona. El flujo de recursos procedentes del impuesto sobre nómina paró sin mediar siquiera un aviso los integrantes del Comité, mucho menos una explicación que justifique el incumplimiento de una aportación comprometida legalmente.

Gallardo creó en enero de 2022 un Consejo Consultivo con 15 integrantes empresarios invitados, criticado por machirulo y clasista porque excluyó a las mujeres, y le siguió con el descarte a obreros, a campesinos, pueblos originarios, profesionistas libres, estudiantes…

De tan simple, el decreto de creación de este Consejo Consultivo alcanza el nivel jurídico de una puntada y no va a ninguna parte. Se supone que es el instrumento “mediante el cual la sociedad civil a través del sector empresarial, tendrá participación en la proyección de las políticas públicas en materia de inversión productiva, infraestructura pública y desarrollo económico del estado”. 

Quién sabe por qué, si es un organismo para el desarrollo económico, el funcionario que suple al gobernador en esa mesota es el secretario General de Gobierno. El titular de Sedeco va del Secretario Técnico. Según lo que se lee, el Consejo sesiona cuando al gobernador se le ocurra y su trabajo es opinar, opinar y opinar.

Fuera de echar palique sobre cuanto tópico relacionado con el desarrollo y la competitividad económica se les ocurra en sus sesiones, el artículo 8° les da una única facultad sobresaliente: la de extinguir o modificar “aquéllos consejos que se contrapongan con el objeto de este Decreto (¡¿?!)”.

¿Suple este Consejo Consultivo al Fideicomiso de Inversión? No. Entonces el fideicomiso no ha desaparecido y debe cumplirse la aportación del gobierno para invertir en infraestructura y proyectos de industria. No sería extraño que el gobernador ponga sobre la mesa de los quince del Consultivo la extinción del Fideicomiso de Inversión para que avalen su desaparición y se ahorra la aportación que debe.

A estas alturas, ya es predecible lo que tenga que ver con el manejo del dinero público en el gobierno de Gallardo Cardona. Heredó deuda en Pensiones, sí, pero lejos de solucionarla la acrecienta; sindicatos de burócratas denuncian el escamoteo de fondos que los empleados y maestros estatales aportan. Los jubilados ven pasar los meses, y ya los años, sin que les paguen sus finiquitos de ley.

El Gobierno gallardista le debe a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y se niega en redondo a cumplir con esa aportación. No autoriza el gasto que le requiere el Consejo Estatal Electoral para empezar a organizar el proceso del año próximo. Y el presupuesto estatal no incluyó el alza salarial que correspondía a los trabajadores del Poder Judicial este año. Atrabiliario, a las preguntas sobre transparencia responde con el distractor de la acusación colorida, ruidosa y sin fundamento. Usa el dinero destinado a otros fines para financiar ocurrencias y caprichos; institucionaliza la trácala.

No puede decir que la suya sea política “de austeridad”. Del otro lado está el derroche en bailongos y espectáculos feriales gratuitos, un mes entero. La construcción a toda velocidad de una arena charra que nadie necesita, supuestamente sede de un evento internacional que tampoco nadie pidió. Su gobierno regala boletos para conciertos y publicita un despliegue de dádivas con narrativa hagiográfica digna de dictador norcoreano.

En cambio, para las soluciones de fondo a los problemas, escapa por la ocurrencia, la denuncia airada de “culpables” o el analgésico superficial, como la entrega de vistosos y enormes tinacos pintados de verde para resolver la falta de fuentes de abasto de agua en la Zona Metropolitana.

De qué y cómo los llenen, es problema del beneficiario.

ROLLOS SUELTOS

POBRE AUGURIO. Acabó mal, con gafetes botados en el piso y la salida del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, el evento de toma de protesta del “renovado” Consejo Político Estatal. El presidente municipal dice que no rompe con el tricolor, sólo expresó su molestia por lo que llama “incumplimiento de acuerdos” por parte de la dirigente estatal, Sarah Rocha Medina.

LOS DÍCERES. Galindo quería en la Secretaría Técnica del Consejo Político Estatal a Martín Reyna, colaborador suyo. Sara Rocha puso al abogado Alberto Rojo y dice que no recuerda haber hecho acuerdo alguno.

TOMAS Y DACAS. ¿Por qué no es negociable para ella la Secretaría Técnica y prefiere el costo de imponerse?, sólo ella lo sabe. Pero si cometió un error de cálculo y minimiza al priista con el cargo más relevante en el espacio político estatal, la factura le va a salir muy cara a su proyecto de “recuperar el PRI”.

¿COSA DE SUERTE? Hasta ahora no se ha visto el beneficio anunciado de cambiar el despacho de la Secretaría de Turismo a Ciudad Valles. No hay proyecto, no se le ve punta de dónde jalar al sector y el grueso de los servicios de hospedaje que están en la capital no ve trabajo estatal en la promoción de SLP como destino. Ojaló y le vaya mejor a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos en Rioverde.

SLP EXPORTA ACARREADOS. El diario regiomontano El Norte publicó una nota con fotografías del acarreo para el cierre de Claudia Sheinbaum, en el Jardín de la Cerveza de la Expo Guadalupe, en Nuevo León. El reporte mencionaba la presencia de “cientos de personas hasta de Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí” y de los camiones en los que llegaron.

LA TIRA DE LAS NETAS

¿ALGO LE SABE O LO DICE AL TANTEO?

“(Ricardo Gallardo Cardona) ha ido por el estado recopilando mugrero: en cada municipio ha recopilado facinerosos, corruptos, relacionados con mañosos, relacionados con envenenadores y con traficantes”.

Leonel Serrato Sánchez, director regional del Bienestar y exsecretario estatal de Comunicaciones y Transportes, en un evento morenista en Ébano. Pulso ((21/VIII). 

LA HORA DE CONCRETAR

"Me estuvieron chingue y chingue que le entrara, así que ahora, apóyenme".

Xóchitl Gálvez, senadora panista y aspirante a la candidatura presidencial por la alianza opositora PAN-PRI-PRD, arenga a sus seguidores en su cierre de promoción en el Coliseo de Mérida, Yucatán. El Universal (26/VIII).

DIÁLOGOS CON LA PAELLA

 “El arroz me habla, es decir, me avisa de cuando está, de lo que necesita, de lo que le sobra. He aprendido mirando y he aprendido haciendo. Hay técnica para hacer arroces pero no hay dos arroces iguales. Siempre es uno mejor que el otro, aunque los cocines a la vez”.

Elhadji Diouf, migrante senegalés y hoy exitoso maestro paellero del Bangalore Mazarrón, un popular club de playa en Murcia. Papel (25/VIII).