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Durante la discusión de la Ley de Amnistía, en el pleno y en comisiones del Senado, se generó un debate alterno sobre si ésta beneficiará o no a mujeres que estén presas por aborto, que generó reacciones de senadores y sociedad civil.
En la discusión en comisiones, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado, Martha Lucía Mícher (Morena), reclamó que las mujeres que abortan, a consciencia o no, "sean llamadas criminales y asesinas".
Ya en la discusión del pleno, el senador Marco Antonio Gama (PAN), aseguró que "hay muchos mexicanos que defendemos la vida desde la concepción" y que el gobierno federal "se preocupa por los delincuentes pero no por el sufrimiento de las víctimas".
En entrevista con EL UNIVERSAL, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, aseguró que avalar la Ley de Amnistía sentaría "un pésimo antecedente" para juzgar delitos a nivel local como el aborto y el homicidio con razón de parentesco.
"Es una iniciativa no sólo inoportuna, ilógica y contraria a lo que se requiere en estos momentos de plena crisis pandémica, la verdad, nos sorprende cómo, en vez de atender la salud y la economía de los mexicanos, se convoca a este tipo de medidas ideológicas.
"Ahí se plantea la cuestión del aborto, que se van a poder liberar a mujeres que aborten, pero hicimos una solicitud de transparencia y el gobierno reporta que no hay ninguna mujer sentenciada por el delito del aborto, es lo que hay", dijo.
EL UNIVERSAL también consultó a Francisco Cué, encargado de vinculación legislativa del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), quien aclaró que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no ofrece datos de mujeres detenidas por aborto o infanticidio, ya que son delitos de orden común, que competen a los estados.
"La Ley de Amnistía la emite el Congreso en sus facultades, respecto de aquellos delitos del orden federal, y ambo delitos (el aborto y el homicidio en razón de parentesco) son de fuero común, es decir, le competen a los estados".
"De acuerdo con cifras que hemos recopilado, del Poder Judicial y del Sistema Nacional de Seguridad, no hay ninguna o casi ninguna mujer en una cárcel federal por ese delito, entonces esta ley no podría beneficiarlas, sin embargo envía un mensaje político y social que avanza la discusión", consideró.
El segundo transitorio de la ley que se discutió este lunes en el pleno del Senado se establece que "la Secretaría de Gobernación promoverá ante los gobiernos y las legislaturas locales la expedición de leyes de amnistía por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones que se asemejen a los que se amnistían en esta Ley".
A nombre del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Cortés aseguró que esa determinación "atenta contra el pacto federal", al buscar incidir en la autonomía del poder legislativo en los estados; pero Francisco Cué consideró que la medida no implica una intervención en sí.
"Una cosa es promoverla y otra obligar, incidir en términos políticos. La secretaría de Gobernación puede promover, entre los gobernadores y los congresos, que discutan el tema, pero al final la decisión corresponde a cada poder estatal", explicó Cué.
En la discusión en comisiones, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado, Martha Lucía Mícher (Morena), reclamó que las mujeres que abortan, a consciencia o no, "sean llamadas criminales y asesinas".
Ya en la discusión del pleno, el senador Marco Antonio Gama (PAN), aseguró que "hay muchos mexicanos que defendemos la vida desde la concepción" y que el gobierno federal "se preocupa por los delincuentes pero no por el sufrimiento de las víctimas".
En entrevista con EL UNIVERSAL, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, aseguró que avalar la Ley de Amnistía sentaría "un pésimo antecedente" para juzgar delitos a nivel local como el aborto y el homicidio con razón de parentesco.
"Es una iniciativa no sólo inoportuna, ilógica y contraria a lo que se requiere en estos momentos de plena crisis pandémica, la verdad, nos sorprende cómo, en vez de atender la salud y la economía de los mexicanos, se convoca a este tipo de medidas ideológicas.
"Ahí se plantea la cuestión del aborto, que se van a poder liberar a mujeres que aborten, pero hicimos una solicitud de transparencia y el gobierno reporta que no hay ninguna mujer sentenciada por el delito del aborto, es lo que hay", dijo.
EL UNIVERSAL también consultó a Francisco Cué, encargado de vinculación legislativa del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), quien aclaró que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no ofrece datos de mujeres detenidas por aborto o infanticidio, ya que son delitos de orden común, que competen a los estados.
"La Ley de Amnistía la emite el Congreso en sus facultades, respecto de aquellos delitos del orden federal, y ambo delitos (el aborto y el homicidio en razón de parentesco) son de fuero común, es decir, le competen a los estados".
"De acuerdo con cifras que hemos recopilado, del Poder Judicial y del Sistema Nacional de Seguridad, no hay ninguna o casi ninguna mujer en una cárcel federal por ese delito, entonces esta ley no podría beneficiarlas, sin embargo envía un mensaje político y social que avanza la discusión", consideró.
El segundo transitorio de la ley que se discutió este lunes en el pleno del Senado se establece que "la Secretaría de Gobernación promoverá ante los gobiernos y las legislaturas locales la expedición de leyes de amnistía por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones que se asemejen a los que se amnistían en esta Ley".
A nombre del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Cortés aseguró que esa determinación "atenta contra el pacto federal", al buscar incidir en la autonomía del poder legislativo en los estados; pero Francisco Cué consideró que la medida no implica una intervención en sí.
"Una cosa es promoverla y otra obligar, incidir en términos políticos. La secretaría de Gobernación puede promover, entre los gobernadores y los congresos, que discutan el tema, pero al final la decisión corresponde a cada poder estatal", explicó Cué.