Abogado cubano lleva al Parlamento ante los tribunales para que apruebe ley de manifestaciones

LA HABANA (AP) — Un abogado cubano presentó una demanda ante la justicia contra la Asamblea del Poder Popular para exigir la tramitación y aprobación de una ley que regule las manifestaciones en la isla, en cumplimiento de lo dispuesto en la nueva Constitución de 2019, confirmó este martes el jurista.

La querella firmada por el letrado Julio Ferrer Tamayo es la primera interpuesta para reclamar por estos derechos constitucionales y fue respaldada también por dos grupos de opositores internos. Los activistas aseguraron que la ausencia de una norma que regule las manifestaciones, reuniones y asociaciones en el cronograma legislativo —y una “deliberada postergación” a la hora de tratarla en el órgano parlamentario— termina por criminalizar las protestas, haciendo que se consideren vandalismo y no quejas legítimas.

Aprobada en 2019 la nueva Constitución de Cuba, luego de un referendo en el que participó el 84% de la población, fue muy novedosa en el contexto del modelo político y social de isla –que se mantiene como un Estado bajo la guía del Partido Comunista-- al incluir, por ejemplo, el reconocimiento de la propiedad privada y la doble ciudadanía, limitar a dos los mandatos presidenciales o crear la figura de un primer ministro.

A su vez, la Constitución reconoce la libre expresión, las manifestaciones, la reunión y la asociación a sus ciudadanos “con fines lícitos y pacíficos” con respeto al “orden público”.

Igualmente instauró una sala de “amparo” de derechos constitucionales, a la que los cubanos pueden asistir en caso de sentirse vulnerados como ha hecho Ferrer en esta ocasión.

Mantuvo y amplió derechos, a la vez que impuso la obligatoriedad de reformular o adecuar normas vigentes entonces que quedaron caducas o tenían lagunas, como el Código de familia —que permitió el matrimonio igualitario—, el Código penal o leyes como las de Soberanía Alimentaria, de Agua o Comunicación Social.

En este contexto, en 2020, las autoridades legislativas habían reconocido entre la larga lista de leyes por impulsar la de manifestación y reuniones, pero el cronograma fue pospuesto por la pandemia de la COVID-19 y luego cuando éste se actualizó, la norma quedó fuera.

“La nueva Constitución establece... un artículo a donde da el derecho a los ciudadanos a reclamar ante los tribunales cuando las autoridades o un particular viole los derechos establecidos”, explicó a The Associated Press, Ferrer.

El escrito presentado ante los tribunales de 18 páginas, que fue mostrado a la AP, tiene fecha de recibido el día 20 de septiembre.

Grupos de opositores hicieron dos peticiones previas a la propia Asamblea del Poder Popular para que incluyera en su calendario legislativo una norma sobre reunión y manifestación en diciembre y marzo pasado, señaló a la AP el activista Manuel Cuesta Morúa, perteneciente a un grupo opositor llamado Consejo para la Transición Democrática; por lo que ahora decidieron apoyar la iniciativa de Ferrer.

“Permitiría regular el ejercicio de uno de los derechos que más viene ejerciendo en la sociedad cubana”, indicó Cuesta para quien su ausencia –cómo manifestarse, cuándo, por cuáles lugares—hace que las autoridades policiales terminen criminalizando a los manifestantes.

Sometida a una fuerte crisis económica producto de la COVID-19 de la que la isla aún no logra salir adelante y a un incremento de las sanciones de Estados Unidos, Cuba vivió momentos de inusuales protestas en julio de 2021 y octubre de 2022, cuando miles de ciudadanos salieron a quejarse —sin un liderazgo claro— por el desabastecimiento, los cortes de luz y en algunos casos demandando cambios políticos.

Algunas protestas, sobre todo las de julio de 2021, terminaron en actos vandálicos y una persona murió. Las autoridades no informaron sobre detenidos, pero la organización no gubernamental Justicia 11J recopiló unos 1,555 nombres y en enero de 2022 la Fiscalía dijo que se habían procesado a unas 790 personas.

Las condenas fueron desde multas hasta 30 años de prisión por sedición, uno de los delitos más severamente castigados por el código penal cubano. El gobierno consideró que dichas protestas fueron estimuladas en redes sociales por grupos de interés anticastristas desde Estados Unidos.

El martes también un grupo 18 activistas y abogados junto con Cuesta entregaron una declaración en la que apoyan a Ferrer y demandan la ley.

“Es inaceptable que el código penal prevalezca por sobre la Constitución. Es inaceptable que los derechos de manifestación y de reunión se judicialicen convenientemente como instigación a delinquir”, indicó el comunicado.

Para el experto en derecho constitucional cubano de la Universidad Iberoamericana de México, Julio Antonio Fernández “este tipo de iniciativa es completamente válida, legal y legítima” en la isla porque efectivamente la Carta Magna la “avala”.

Sin embargo, “en este caso es una demanda complicada porque se está solicitando que la Asamblea Nacional respete su propio cronograma legislativo y promulgue una ley de protección del derecho de manifestación, lo que hace que sea un proceso sumamente técnico y político”, explicó Fernández a la AP.