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BUCAREST (EFE).- La Fiscalía de Rumanía acusó hoy al ex presidente Ion Iliescu de crímenes contra la humanidad por la muerte de casi 900 personas durante la sangrienta revuelta que derrocó al régimen comunista de Nicolae Ceausescu en diciembre de 1989.
La acusación contra Iliescu, de 88 años, es el último paso en una larga investigación sobre la revuelta que comenzó en la ciudad occidental de Timisoara y llegó a Bucarest.
Iliescu -un influyente cargo comunista con Ceausescu- dirigió el llamado Frente de Salvación Nacional (FSN), que tomó el poder tras la huida del dictador el 22 de diciembre, por lo que se le acusa de ser el máximo responsable de la muerte de casi 900 personas en unos enfrentamientos posteriores que dejaron además miles de heridos.
El acusado, antiguo líder del Partido Social Demócrata, fue designado presidente en 1990 y luego fue elegido democráticamente en dos periodos (1992-1996 y 2000-2004).
Junto con Iliescu, los fiscales también acusaron a otras cuatro personas, incluido el ex viceprimer ministro Gelu Voican Voiculescu.
Iliescu y otros altos cargos manipularon y desinformaron a la población de forma deliberada al despertar temores sobre la existencia de supuestos "terroristas", con el objetivo de cimentar su poder.
Esa política desembocó en sangrientos enfrentamientos callejeros, al tiempo que, de facto, convirtió a la llamada revolución en una especie de golpe de Estado, según la Fiscalía.
Numerosos disparos indiscriminados contra civiles que no desarrollaban ninguna actividad hostil por parte de militares y otras personas armadas se debe al ambiente de psicosis creado, según los fiscales.
La investigación se centra en el periodo que va desde el levantamiento contra Ceasescu en Timisoara el 16 de diciembre, hasta finales de ese mes, cuando el dictador, capturado, fue fusilado junto a su mujer, Elena, tras un juicio sumarísimo.
"A través de la instauración de una psicosis generalizada de terrorismo habrían creado numerosas situaciones de fuego fratricida, disparos caóticos y órdenes militares contradictorias", indica la Fiscalía en un comunicado.
Los fiscales calculan que en esos enfrentamientos murieron 862 personas y otras 2.150 resultaron heridas.
La Fiscalía sostiene además que los acusados contribuyeron a "la condena y la ejecución de Ceausescu después de un juicio simulado".
En declaraciones al canal de noticias Digi24, Voiculescu refutó las acusaciones al declarar que se trata de un "acto de venganza política" y que no se reprocha nada de lo que sucedió.
Este ya muy largo proceso jurídico, denominado "Revolución", se había archivado en 2015 por falta de pruebas, pero se reabrió en junio de 2016.
Hasta el momento, solo una treintena de personas -ninguna de máxima responsabilidad- han sido condenadas por la violencia contra civiles, mientras que las víctimas se quejan del abandono por parte del Estado.
La acusación contra Iliescu, de 88 años, es el último paso en una larga investigación sobre la revuelta que comenzó en la ciudad occidental de Timisoara y llegó a Bucarest.
Iliescu -un influyente cargo comunista con Ceausescu- dirigió el llamado Frente de Salvación Nacional (FSN), que tomó el poder tras la huida del dictador el 22 de diciembre, por lo que se le acusa de ser el máximo responsable de la muerte de casi 900 personas en unos enfrentamientos posteriores que dejaron además miles de heridos.
El acusado, antiguo líder del Partido Social Demócrata, fue designado presidente en 1990 y luego fue elegido democráticamente en dos periodos (1992-1996 y 2000-2004).
Junto con Iliescu, los fiscales también acusaron a otras cuatro personas, incluido el ex viceprimer ministro Gelu Voican Voiculescu.
Iliescu y otros altos cargos manipularon y desinformaron a la población de forma deliberada al despertar temores sobre la existencia de supuestos "terroristas", con el objetivo de cimentar su poder.
Esa política desembocó en sangrientos enfrentamientos callejeros, al tiempo que, de facto, convirtió a la llamada revolución en una especie de golpe de Estado, según la Fiscalía.
Numerosos disparos indiscriminados contra civiles que no desarrollaban ninguna actividad hostil por parte de militares y otras personas armadas se debe al ambiente de psicosis creado, según los fiscales.
La investigación se centra en el periodo que va desde el levantamiento contra Ceasescu en Timisoara el 16 de diciembre, hasta finales de ese mes, cuando el dictador, capturado, fue fusilado junto a su mujer, Elena, tras un juicio sumarísimo.
"A través de la instauración de una psicosis generalizada de terrorismo habrían creado numerosas situaciones de fuego fratricida, disparos caóticos y órdenes militares contradictorias", indica la Fiscalía en un comunicado.
Los fiscales calculan que en esos enfrentamientos murieron 862 personas y otras 2.150 resultaron heridas.
La Fiscalía sostiene además que los acusados contribuyeron a "la condena y la ejecución de Ceausescu después de un juicio simulado".
En declaraciones al canal de noticias Digi24, Voiculescu refutó las acusaciones al declarar que se trata de un "acto de venganza política" y que no se reprocha nada de lo que sucedió.
Este ya muy largo proceso jurídico, denominado "Revolución", se había archivado en 2015 por falta de pruebas, pero se reabrió en junio de 2016.
Hasta el momento, solo una treintena de personas -ninguna de máxima responsabilidad- han sido condenadas por la violencia contra civiles, mientras que las víctimas se quejan del abandono por parte del Estado.
