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SAN FRANCISCO.- Los condados de San Francisco y Santa Clara presentaron el martes una demanda contra las nuevas reglas de “carga pública” del gobierno de Donald Trump para restringir la inmigración legal. La querella es la primera acción legal luego de que el Departamento de Seguridad Nacional anunció el lunes que negaría la green card (tarjeta de residencia) a los migrantes que hagan uso del programa de asistencia médica Medicaid, reciban cupones de alimentos y otras prestaciones sociales.
Alegaron ante la corte que las nuevas directrices empeorarán la salud y el bienestar de sus residentes, aumentarán los riesgos de salud pública y afectarán financieramente a los condados. Las normas, provocarán un “efecto aterrador” en el que los migrantes renunciarán o se darán de baja de los programas federales de asistencia pública para reducir el riesgo de un rechazo en su solicitud de residencia. Eso significaría que el precio de los servicios pasaría de las manos del gobierno federal a las de los estatales.
Señalaron que la regla socava el sistema más amplio de leyes de inmigración del Congreso que dan prioridad a la reunificación de familias y que el gobierno federal no ofreció las razones suficientes para explicar los supuestos beneficios de las reglas o justificar sus costos. Esta regla “facilita ir de manera injusta contra inmigrantes que son trabajadores y que cumplen con la ley mientras siembra miedo y confusión en nuestras comunidades”, dijo Dennis Herrera, fiscal de la ciudad de San Francisco, en un comunicado.
“Esta regla obliga a la gente a tomar una decisión imposible: su salud o un futuro mejor con su familia. Todos asumiremos el precio de esta política equivocada”.
Las leyes federales actuales requieren que aquellas personas que busquen ser residentes permanentes o recibir un estatus legal comprueben que no representarán una “carga pública” en términos gubernamentales, pero las nuevas reglas agregan varios programas que serían elementos descalificatorios.
Bajo las nuevas reglas el Departamento de Seguridad Nacional ha redefinido la carga pública como alguien cuya probabilidad de recibir prestaciones sociales por más de 12 meses dentro un periodo de 36 es más alta que la probabilidad de no recibirlas.
