A-AA+
Santa Clarita se convirtió en la primera ciudad del condado de Los Ángeles en oponerse a la llamada ley Santuario, que da protección a inmigrantes indocumentados en California, luego que fue aprobada una resolución simbólica.
El concilio de la ciudad aprobó en los primeros minutos de este miércoles, en sesión nocturna, de forma unánime y con el voto de cinco a favor y cero en contra, oponerse formalmente a la llamada ley del santuario y presentar un escrito en apoyo de la demanda de la administración Trump contra el estado.
Con la votación de 5-0 la madrugada de este miércoles, Santa Clarita se convirtió en la primera ciudad del condado de Los Ángeles en oponerse oficialmente al proyecto de ley 54 del Senado.
De esta forma se une a un puñado de municipalidades en el sur de California, que han desafiado la ley desde que el gobernador Jerry Brown lo firmó en octubre pasado, y que entró en vigor en enero pasado.
La sala del consejo se llenó el martes por la noche con personas de pie en los pasillos y las puertas, y derramándose en una sala de desbordamiento, ya que aproximadamente 200 se habían inscrito para hablar.
Muchos llevaban gorras rojas con la leyenda "Make America Great Again", y muchos de éstos no eran residentes del lugar.
Algunos dijeron que la SB 54, que limita la cooperación de la policía local con las autoridades federales de inmigración, promovería la criminalidad, mientras que otros dijeron que haría a las comunidades más seguras.
Algunos citaron explicaciones legales de por qué la ley viola la Constitución, mientras que otros argumentaron que California estaba dentro de sus derechos.
En la mayoría de los casos las declaraciones se desviaron hacia el debate más amplio sobre la inmigración y el simbolismo de la resolución. A las 9:30 p.m., unas 100 personas aún estaban en línea para hablar.
En marzo pasado, Los Alamitos aprobó una ordenanza que reclama la exención de la SB 54. Ese mismo mes, el condado de Orange firmó una demanda federal contra California por la SB 54 y otras leyes que protegen a los inmigrantes. Huntington Beach también demandó a California en una corte estatal.
Hace dos semanas falló una resolución del concejal de la ciudad de San Dimas, Ryan Vienna, para oponerse a la SB 54, a pesar de que ha presentado personalmente un escrito que respalda la demanda federal.
La resolución establece la oposición de la ciudad a las disposiciones de SB 54, que entran en conflicto con la ley federal.
La ley, que entró en vigor el 1 de enero, prohíbe a las agencias de policía estatales y locales notificar a las autoridades federales en muchos casos cuando las personas potencialmente sujetas a la deportación están a punto de ser liberadas de la custodia.
La resolución de Santa Clarita también ordena al fiscal de la ciudad presentar un escrito en apoyo de la demanda de la administración del presidente Donald Trump contra el estado de California, "si corresponde y cuando corresponda".
Una audiencia sobre la solicitud de la administración para una orden judicial preliminar está programada para junio próximo, la fecha límite para la presentación de escritos que respaldan al administrador. La medida es principalmente simbólica.
Santa Clarita tiene contratos con el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles para servicios policiales y está obligado por las políticas de ese departamento, incluso en materia de inmigración.
"Ésta es una oportunidad para movilizar a la base conservadora en torno al tema que más la anima, que es la inmigración", Santa Clarita es la cuarta ciudad más grande en el condado de Los Ángeles, compuesto por 88 ciudades, con una población de aproximadamente 180 mil.
Alrededor del 32 por ciento se identifica como hispano o latino, de acuerdo con las estimaciones del censo de 2016.
El concilio de la ciudad aprobó en los primeros minutos de este miércoles, en sesión nocturna, de forma unánime y con el voto de cinco a favor y cero en contra, oponerse formalmente a la llamada ley del santuario y presentar un escrito en apoyo de la demanda de la administración Trump contra el estado.
Con la votación de 5-0 la madrugada de este miércoles, Santa Clarita se convirtió en la primera ciudad del condado de Los Ángeles en oponerse oficialmente al proyecto de ley 54 del Senado.
De esta forma se une a un puñado de municipalidades en el sur de California, que han desafiado la ley desde que el gobernador Jerry Brown lo firmó en octubre pasado, y que entró en vigor en enero pasado.
La sala del consejo se llenó el martes por la noche con personas de pie en los pasillos y las puertas, y derramándose en una sala de desbordamiento, ya que aproximadamente 200 se habían inscrito para hablar.
Muchos llevaban gorras rojas con la leyenda "Make America Great Again", y muchos de éstos no eran residentes del lugar.
Algunos dijeron que la SB 54, que limita la cooperación de la policía local con las autoridades federales de inmigración, promovería la criminalidad, mientras que otros dijeron que haría a las comunidades más seguras.
Algunos citaron explicaciones legales de por qué la ley viola la Constitución, mientras que otros argumentaron que California estaba dentro de sus derechos.
En la mayoría de los casos las declaraciones se desviaron hacia el debate más amplio sobre la inmigración y el simbolismo de la resolución. A las 9:30 p.m., unas 100 personas aún estaban en línea para hablar.
En marzo pasado, Los Alamitos aprobó una ordenanza que reclama la exención de la SB 54. Ese mismo mes, el condado de Orange firmó una demanda federal contra California por la SB 54 y otras leyes que protegen a los inmigrantes. Huntington Beach también demandó a California en una corte estatal.
Hace dos semanas falló una resolución del concejal de la ciudad de San Dimas, Ryan Vienna, para oponerse a la SB 54, a pesar de que ha presentado personalmente un escrito que respalda la demanda federal.
La resolución establece la oposición de la ciudad a las disposiciones de SB 54, que entran en conflicto con la ley federal.
La ley, que entró en vigor el 1 de enero, prohíbe a las agencias de policía estatales y locales notificar a las autoridades federales en muchos casos cuando las personas potencialmente sujetas a la deportación están a punto de ser liberadas de la custodia.
La resolución de Santa Clarita también ordena al fiscal de la ciudad presentar un escrito en apoyo de la demanda de la administración del presidente Donald Trump contra el estado de California, "si corresponde y cuando corresponda".
Una audiencia sobre la solicitud de la administración para una orden judicial preliminar está programada para junio próximo, la fecha límite para la presentación de escritos que respaldan al administrador. La medida es principalmente simbólica.
Santa Clarita tiene contratos con el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles para servicios policiales y está obligado por las políticas de ese departamento, incluso en materia de inmigración.
"Ésta es una oportunidad para movilizar a la base conservadora en torno al tema que más la anima, que es la inmigración", Santa Clarita es la cuarta ciudad más grande en el condado de Los Ángeles, compuesto por 88 ciudades, con una población de aproximadamente 180 mil.
Alrededor del 32 por ciento se identifica como hispano o latino, de acuerdo con las estimaciones del censo de 2016.
