Las puertas de metal de una jaula del tamaño de una caja de zapatos se abren y un ave anillada con el número 811 se lanza hacia un gran aviario. El pájaro, del tamaño de la palma de una mano, hace una pirueta en el aire, aterriza en una rama de sauce y gira curioso la cabeza de color azafrán, como si estuviera sorprendido por su buena suerte.
“Así se siente estar libre”, dijo Juan Camilo Panqueba, veterinario en el centro de cuarentena en la capital de Colombia, en los Andes, lejos del hábitat natural del canario en la húmeda costa caribeña.
El momento de liberación contrasta con las penosas condiciones en las que se encontró al pájaro. Hace tres semanas, la policía en conjunto con la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá confiscó 32 canarios en una redada sorpresa en un recinto de peleas de gallos, donde se celebraba un concurso de pájaros cantores anunciado en medios sociales como “Furia de titanes” con altas apuestas y alcohol.
Aunque los duelos de canto son un pasatiempo en el Caribe desde hace siglos, atrapar animales sin licencia _incluso especies como estos canarios Sicalis flaveola, conocidos como costeños o criollos y que no están amenazados_ es un delito en Colombia, aunque uno que las autoridades ignoraban en un país abrumado por cárteles de la droga, guerrillas izquierdistas y otros grupos armados.
Hasta ahora.
Aprovechando un descenso en el nivel de violencia y animadas por una mayor concienciación sobre la importancia de Colombia como el país con la segunda mayor biodiversidad del mundo, las autoridades están persiguiendo el tráfico de animales como nunca antes. La policía confiscó el año pasado más de 34.600 animales salvajes capturados de forma ilegal, un aumento del 44% respecto a 2017. Muchos fueron detectados por un equipo de 16 perros entrenados para oler plumas y piel en aeropuertos y estaciones de autobuses.
“El hecho que sea una práctica tradicional no quiere decir que sea lícita”, dijo la mayor Paula Ortiz, que lidera una unidad de 500 policías contra los delitos medioambientales.
La fiscalía también es más agresiva a la hora de perseguir las redes criminales que se lucran con el comercio ilegal, y cuyos beneficios se ven superados solo por el contrabando de drogas y armas, según policías. En todo el mundo, el tráfico de especies silvestres supone más de 10.000 millones de dólares, según la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
La campaña de las fuerzas de seguridad coincide con un debate con los derechos de los animales salvajes, en Colombia y en todo el mundo. La Corte Constitucional de Colombia celebró una vista este mes dentro de un largo juicio sobre el destino de un oso de anteojos _una especie amenazada_ llamado Chucho. Hace años que el oso fue capturado en una reserva natural y encerrado en un zoo en Barranquilla. Un abogado que dice actuar en representación del animal presentó una demanda y consiguió una orden para liberar a Chucho. Si la Corte Constitucional respalda esa decisión de otro tribunal, sería la primera vez que se reconoce el habeas corpus de un animal en Colombia, de forma similar al que disfrutan los seres humanos.
La captura de los 32 pájaros fue el resultado de una operación encubierta liderado por funcionarios de la secretaría de ambiente de Bogotá. Junto con la policía, confiscaron 16 aves en mayo _incluido un cardenal, una especie amenazada_ que estaban encerrados en pequeñas jaulas en tres apartamentos humildes. Las pistas de esa operación permitieron a las autoridades infiltrarse en una red que organizó el concurso del mes pasado.
Un video subido a un grupo cerrado de Facebook prometía a los participantes y al público, que pagaba una entrada, whisky en abundancia y “algo maravilloso” mientras animaban a las aves en jaulas colgadas sobre un cuadrilátero de pasto artificial. El propietario del pájaro ganador, decidido por los jueces que contaban píos con un ábaco gigante en un extremo del recinto, se llevaría a casa un premio de 100 dólares.
Según funcionarios de la secretaría de ambiente, las aves sufrían un prolongado maltrato de sus captores, en su mayoría inmigrantes en la capital procedentes de la costa caribeña y Venezuela. Los pájaros permanecían en jaulas diminutas y se les obligaba a escuchar música a gran volumen a todas horas en un esfuerzo de animarlos a cantar. En su hábitat, los pájaros pían para defender su territorio o cortejar a una pareja.
“Para ellos era como tortura”, dijo Panqueba, supervisor técnico en el centro municipal de vida silvestre donde se cuida a las aves y a otros más de 1.000 animales. Allí hay coloridos macacos, tortugas marinas amenazadas y diminutos monos tití, todos rescatados de traficantes.
“Desafortunadamente no hay un solo día cuando no llega un animal silvestre”, añadió el veterinario, quien no participó en la operación policial.
Aunque el objetivo es siempre devolver a los animales a su hábitat natural, muchos no podrían sobrevivir en libertad porque han desarrollado enfermedades o se han acostumbrado demasiado a los seres humanos. En el caso de los canarios, 11 de los 32 dieron positivo en un parásito que requería tratamiento antes de que pudieran alzar el vuelo.
No todos los amantes de los pájaros ven con buenos ojos la intervención policial.
Carlos Castellano, juez colombiano de la Confederación Ornitológica Mundial, cree que las autoridades están penalizando una rica tradición cultural. Se han criado aves en cautividad por su color, forma o canto al menos desde el siglo XIV, afirmó, y la tradición está especialmente arraigada en América Latina, a donde llegó con los conquistadores españoles.
“Ojalá pudiéramos obligar a cantar a los canarios”, bromeó Castellano. Su pájaro cantor, “Caruso”, ganó en 1989 el único primer premio que ha logrado Colombia en el Campeonato Mundial de Ornitología, que se celebra en Italia. “Si no está feliz en su jaula, que es su hogar por destino o nacimiento, no cantaría nunca”.
Aunque Castellano admitió que sacar a las aves de su entorno es ilegal, acusó a las autoridades de ignorar que la especie no está en peligro y tiene una abundante población, bien distribuida por América Latina y que incluso coloniza zonas urbanas. Incluso criadores como él necesitan complementar su población propia de vez en cuando con especímenes salvajes, afirmó.
“Es una tradición cultural que van a obligar a convertir en una actividad clandestina”, dijo Castellano.
Las autoridades quieren asestar un golpe a los peligrosos y organizados sindicatos responsables del tráfico ilegal. Aunque el tráfico de especies silvestres supone penas de prisión de entre cuatro y nueve años, pocas de las más de 3.500 personas a las que se descubrió este año cometiendo en crímenes contra el medio ambiente están encarceladas. Muchos son reincidentes. En el caso de los canarios, la fiscalía intenta por primera vez endurecer el castigo al añadir cargos de conspiración.
En su mayor parte, los traficantes siguen operando con impunidad.
Tras el rescate de los canarios, un hombre no identificado apareció en el centro de fauna silvestre ofreciendo sobornar a un guardia de seguridad con unos cientos de dólares para recuperar los pájaros. Cuando su oferta fue rechazada, dijo “te vamos a dejar sano por ahora”, dijo Panqueba.
Días más tarde, uno de los antiguos dueños de los pájaros fue descubierto dentro del centro intentando mezclarse con un grupo de obreros que trabajaban en un proyecto de construcción en el recinto.
Tras las reiteradas amenazas, las aves serán trasladadas a otro centro en un lugar no revelado para continuar su rehabilitación, que llevará al menos 45 días.
“Lamentablemente, la justicia en Colombia da más garantías a los individuos que a la fauna (...). Pero no nos vamos a cansar. Vamos a dar valor y contundencia a nuestras acciones”.
