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La Audiencia Nacional española condenó hoy a 29 de los 37 acusados en el juicio del llamado “caso Gürtel”, entre ellos al extesorero del oficial Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, quien fue sentenciado a 33 años de cárcel.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia emitió este jueves su fallo, en que condena al PP, que preside el presidente del gobierno español Mariano Rajoy, como partícipe a título lucrativo, con lo que es el primer partido político condenado por la justicia por delitos de corrupción.
El “caso Gürtel” comenzó a ser investigada en 2009 por el juez Baltasar Garzón, y la orden de intervenir las comunicaciones de los detenidos y abogados le causó la inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo.
Los 37 acusados por el caso son políticos, empresarios, empleados de éstos y familiares que se vieron envueltos en la investigación por corrupción más larga realizada en España, cuyo juicio se realizó entre octubre de 2016 y julio de 2017.
Las acusaciones se basan en contratos y arreglos realizados entre la trama empresarial y los políticos del PP a cambio de contratos irregulares, favores, influencias, pagos injustificados, comisiones en negocios, entre otros.
La condena más alta es de 51 años y 11 meses de cárcel, al líder de la trama, empresario Francisco Correa, mientras que a su número dos, Pablo Crespo, fue sentenciado a 37 años y medio de prisión.
Además de los 33 años y cuatro meses de prisión y multas por más de 44 millones de euros a Bárcenas, se condenó a su esposa, Rosalía Iglesias, a una pena de 15 años y un mes.
Por su parte, la ex mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, fue condenada a 14 años y ocho meses de cárcel, mientras que el ex alcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, a una pena de 38 años y tres meses de cárcel.
Al ex consejero del gobierno regional de Madrid, Alberto López Viejo, a 31 años y nueve meses de prisión; al contador de la red, José Luis Izquierdo, a 17 años y siete meses; y al el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, a 14 años y cuatro meses de cárcel.
Al Partido Poular (PP) se le condenó como partícipe a título lucrativo por haber pagado actos electorales con dinero de la trama, por lo que fue multado a pagar 245 mil euros.
Asimismo, se le condenó como partícipe a título lucrativo a la ex ministra de Sanidad del gobierno de Rajoy, Ana Mato, ya que como esposa del ex alcalde de Pozuelo de Alarcón se benefició de regalos, viajes y fiestas de cumpleaños con el dinero de la trama.
En la sentencia, se absuelven a ocho acusados, entre ellos a Álvaro Pérez, conocidos como “El Bigotes”, uno de los principales allegados a Correa y envuelto en varias causas judiciales por tener su empresa Orange Market, ligada a las de esta trama.
Los jueces atribuyen a los acusados delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo (lavado) de capitales.
Asimismo, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada, y en total la sentencia incluye 165 penas.
En sus mil 687 páginas, el fallo incluye también 28 delitos de prevaricación que alcanzan a 194 años de inhabilitación para los condenados.
Además, detalla 24 delitos de cohecho que recaen sobre 12 personas, 26 de blanqueo, 36 de malversación y 20 delitos contra la hacienda pública, de los que 11 recaen en el matrimonio Bárcenas-Iglesias.
Los hechos probados de la llamada “primera época de Gürtel” se sitúan entre los años 1999 hasta 2005, con actividades muy concretas posteriores, en relación con la estructura de la organización liderada por Correa y desplegada en determinados territorios gobernados por el PP.
La Sala ha juzgado los hechos atribuidos al Grupo de Correa en la localidad malagueña de Estepona, en los municipios de Majadahonda (2001 a 2005) y Pozuelo (2003 a 2005), municipio de Madrid (2002), Comunidad de Madrid (2004 a 2008) y Comunidad de Castilla y León (2002 y 2003).
El tribunal considera acreditado que durante esos años el Grupo Correa y el PP tejieron en esos territorios una estructura de colaboración estable y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios, viajes, organización de eventos para el partido.
Según los magistrados, se creó “en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”.
Los enjuiciados “tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos, que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”.
La sentencia relata cómo las empresas de Correa u otras empresas terceras, elegidas con el apoyo de los cargos públicos condenados, gozaban de un arbitrario trato de favor en la contratación pública.
Además, inflaban precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, con la finalidad buscada de la obtención ilícita de importantes beneficios a costa del erario público.
En concreto, se refiere “comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios o regalos”.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia emitió este jueves su fallo, en que condena al PP, que preside el presidente del gobierno español Mariano Rajoy, como partícipe a título lucrativo, con lo que es el primer partido político condenado por la justicia por delitos de corrupción.
El “caso Gürtel” comenzó a ser investigada en 2009 por el juez Baltasar Garzón, y la orden de intervenir las comunicaciones de los detenidos y abogados le causó la inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo.
Los 37 acusados por el caso son políticos, empresarios, empleados de éstos y familiares que se vieron envueltos en la investigación por corrupción más larga realizada en España, cuyo juicio se realizó entre octubre de 2016 y julio de 2017.
Las acusaciones se basan en contratos y arreglos realizados entre la trama empresarial y los políticos del PP a cambio de contratos irregulares, favores, influencias, pagos injustificados, comisiones en negocios, entre otros.
La condena más alta es de 51 años y 11 meses de cárcel, al líder de la trama, empresario Francisco Correa, mientras que a su número dos, Pablo Crespo, fue sentenciado a 37 años y medio de prisión.
Además de los 33 años y cuatro meses de prisión y multas por más de 44 millones de euros a Bárcenas, se condenó a su esposa, Rosalía Iglesias, a una pena de 15 años y un mes.
Por su parte, la ex mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, fue condenada a 14 años y ocho meses de cárcel, mientras que el ex alcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, a una pena de 38 años y tres meses de cárcel.
Al ex consejero del gobierno regional de Madrid, Alberto López Viejo, a 31 años y nueve meses de prisión; al contador de la red, José Luis Izquierdo, a 17 años y siete meses; y al el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, a 14 años y cuatro meses de cárcel.
Al Partido Poular (PP) se le condenó como partícipe a título lucrativo por haber pagado actos electorales con dinero de la trama, por lo que fue multado a pagar 245 mil euros.
Asimismo, se le condenó como partícipe a título lucrativo a la ex ministra de Sanidad del gobierno de Rajoy, Ana Mato, ya que como esposa del ex alcalde de Pozuelo de Alarcón se benefició de regalos, viajes y fiestas de cumpleaños con el dinero de la trama.
En la sentencia, se absuelven a ocho acusados, entre ellos a Álvaro Pérez, conocidos como “El Bigotes”, uno de los principales allegados a Correa y envuelto en varias causas judiciales por tener su empresa Orange Market, ligada a las de esta trama.
Los jueces atribuyen a los acusados delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo (lavado) de capitales.
Asimismo, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada, y en total la sentencia incluye 165 penas.
En sus mil 687 páginas, el fallo incluye también 28 delitos de prevaricación que alcanzan a 194 años de inhabilitación para los condenados.
Además, detalla 24 delitos de cohecho que recaen sobre 12 personas, 26 de blanqueo, 36 de malversación y 20 delitos contra la hacienda pública, de los que 11 recaen en el matrimonio Bárcenas-Iglesias.
Los hechos probados de la llamada “primera época de Gürtel” se sitúan entre los años 1999 hasta 2005, con actividades muy concretas posteriores, en relación con la estructura de la organización liderada por Correa y desplegada en determinados territorios gobernados por el PP.
La Sala ha juzgado los hechos atribuidos al Grupo de Correa en la localidad malagueña de Estepona, en los municipios de Majadahonda (2001 a 2005) y Pozuelo (2003 a 2005), municipio de Madrid (2002), Comunidad de Madrid (2004 a 2008) y Comunidad de Castilla y León (2002 y 2003).
El tribunal considera acreditado que durante esos años el Grupo Correa y el PP tejieron en esos territorios una estructura de colaboración estable y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios, viajes, organización de eventos para el partido.
Según los magistrados, se creó “en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”.
Los enjuiciados “tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos, que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”.
La sentencia relata cómo las empresas de Correa u otras empresas terceras, elegidas con el apoyo de los cargos públicos condenados, gozaban de un arbitrario trato de favor en la contratación pública.
Además, inflaban precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, con la finalidad buscada de la obtención ilícita de importantes beneficios a costa del erario público.
En concreto, se refiere “comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios o regalos”.
