Debate en el Senado sobre Reforma al Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Mientras los senadores mexicanos debatían una controversial propuesta de reforma al poder judicial, todo parecía indicar el martes que el partido gobernante podría conseguir los votos necesarios en el Senado para aprobar la iniciativa.

La reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra en su último mes de gobierno, ha desatado semanas de protestas por parte de empleados del poder judicial y estudiantes de derecho, quienes afirman que la medida, la cual haría que los jueces sean elegidos por voto popular, pone en riesgo la independencia judicial y representa un duro golpe para el sistema de contrapesos del gobierno.

A pesar de la indignación, el plan fue aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados y pasó a manos del Senado, en donde el partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no tenía la mayoría de dos tercios necesaria para su aprobación. En las últimas semanas logró sumar a dos senadores de un partido de oposición, pero hasta esta semana aún necesitaba persuadir a uno más.

Se desconocía de dónde saldría ese voto debido a que la oposición rechaza firmemente la propuesta. Pero durante el fin de semana, los analistas comenzaron a especular si el senador del Partido Acción Nacional (PAN) Miguel Ángel Yunes Márquez, otorgaría su apoyo a Morena luego de que se rehusó a responder las llamadas de los líderes de su partido.

Yunes Márquez anunció el martes que tomaría licencia por motivos de salud y sería reemplazado por su padre, el exgobernador del estado de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares.

Si bien padre e hijo no confirmaron por el momento que otorgarían su apoyo a la reforma, Yunes Linares recorrió el martes el Senado y fue recibido entre gritos de "¡héroe!" por parte de los senadores de Morena, y consignas de "¡traidor!" por los miembros de su propio partido.

Lilly Téllez, senadora del PAN, incluso le arrojó monedas a Yunes Linares, llamándolo "traidor que vendió a la patria" a cambio de su beneficio personal. La votación en el Senado está prevista para el miércoles.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que "es evidente" que hubo un "pacto de impunidad" entre los Yunes y el gobierno para obtener su voto a favor de la reforma. Cortés se refería a una orden de arresto emitida en julio en contra del senador Yunes Márquez por los presuntos delitos de falsificación de documentos y fraude relacionados con su candidatura.

Yunes impugnó la orden y obtuvo una suspensión temporal. Se refirió a los cargos como una persecución política por parte de Morena, el mismo partido al que su padre aparentemente ahora se dispone a apoyar.

Yunes Márquez evadió el martes las preguntas de la prensa sobre su cuál será el sentido de su voto, pero acusó a Cortés de un "linchamiento" en su contra y aseguró que es "absolutamente falso" que haya sido coaccionado para votar a favor de la reforma. Durante sus declaraciones estuvo acompañado por dos senadores de Morena.

"Tampoco soy traidor, nunca he traicionado a nadie", subrayó. Las acusaciones "no son democracia. Vengo para actuar en plena libertad".

El voto de Yunes le permitiría a Morena librar el mayor obstáculo para la reforma. De ser aprobada en el Senado, tendrá que ser ratificada por las legislaturas de 17 de los 32 estados del país, pero se cree que el partido gobernante cuenta con el apoyo necesario en ese sentido.

El plan ha sido duramente criticado dentro y fuera del país.

López Obrador —un populista que ha tenido marcadas diferencias desde hace tiempo con los organismos reguladores independientes, que ha ignorado fallos judiciales y lanzado fuertes críticas contra jueces— asegura que su plan acabaría con la corrupción al facilitar sancionar a los magistrados. Sus detractores afirman que la medida perjudicará al poder judicial, llenará las cortes con jueces afines al partido en la presidencia y permitirá que cualquier persona con un título en derecho se convierta en juez, e incluso facilitaría que políticos y delincuentes puedan influir en los fallos del tribunal.

La propuesta ha generado preocupación entre los inversionistas e incluso el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se refirió al plan como un "riesgo" para la democracia y una amenaza económica.