A-AA+
El centro de inmigrantes de la isla italiana de Lampedusa se caracterizó por graves violaciones a los derechos humanos, condiciones de degradación y la imposibilidad de formalizar una demanda de protección internacional, según un reporte presentado hoy en la Cámara de diputados.
Elaborado por la Coalición Italiana para las Libertades y Derechos Civiles (CILDC), la Asociación para los Estudios Jurídicos sobre Imigración (ASGI) y el centro IndieWatch, el informe se basó en una visita al centro de acogida de inmigrantes o “hotspot” de Lampedusa realizada el pasado 6 de marzo.
Según el reporte de las organizaciones no gubernamentales, en el centro muchos inmigrantes debían dormir al aire libre, mientras menores y adultos de ambos sexos vivían en condiciones de promiscuidad en una sola habitación, sin agua durante las noches.
Asimismo, el informe reportó actos de autolesionismo, incluido un suicidio, violencia e intentos de abuso sexual.
El “hotspot” de Lampedusa fue cerrado a mediados de marzo y sus ocupantes enviados a otros centros en territorio italiano.
Pero según el garante nacional de personas privadas de la libertad, Mauro Palma, esos centros siguen siendo un “limbo jurídico”, que deberían ser un punto de identificación y repartición de personas, mientras se han convertido en verdaderas prisiones.
Palma resaltó que en los “hotspots” los inmigrantes deberían permanecer un máximo de 48 horas y, en cambio, están en ellos durante meses.
“Son un limbo jurídico porque si los inmigrantes permanecen en ellos por más de 48 horas, debiera existir una autoridad judicial que confirmara la privación de libertad”, explicó el experto en la rueda de prensa.
Agregó que se trata de estructuras “completamente inadecuadas”, sin comedores, ni espacio suficiente, ni mucho menos condiciones higiénicas.
Patrizio Gonnella, presidente del CILDC, dijo que durante la visita del pasado 6 de marzo en el centro de Lampedusa había 170 personas, entre ellas varios menores no acompañados.
“Formalmente los hotspots son centros abiertos, pero en la realidad los inmigrantes no los pueden dejar. La situación es explosiva”, advirtió Giuliano Santoro, abogado del CILDC.
Las organizaciones no gubernamentales presentaron una impugnación sobre esos centros ante la Corte Europea de Derechos Humanos, mientras algunos partidos políticos hicieron lo propio ante el gobierno italiano.
Elaborado por la Coalición Italiana para las Libertades y Derechos Civiles (CILDC), la Asociación para los Estudios Jurídicos sobre Imigración (ASGI) y el centro IndieWatch, el informe se basó en una visita al centro de acogida de inmigrantes o “hotspot” de Lampedusa realizada el pasado 6 de marzo.
Según el reporte de las organizaciones no gubernamentales, en el centro muchos inmigrantes debían dormir al aire libre, mientras menores y adultos de ambos sexos vivían en condiciones de promiscuidad en una sola habitación, sin agua durante las noches.
Asimismo, el informe reportó actos de autolesionismo, incluido un suicidio, violencia e intentos de abuso sexual.
El “hotspot” de Lampedusa fue cerrado a mediados de marzo y sus ocupantes enviados a otros centros en territorio italiano.
Pero según el garante nacional de personas privadas de la libertad, Mauro Palma, esos centros siguen siendo un “limbo jurídico”, que deberían ser un punto de identificación y repartición de personas, mientras se han convertido en verdaderas prisiones.
Palma resaltó que en los “hotspots” los inmigrantes deberían permanecer un máximo de 48 horas y, en cambio, están en ellos durante meses.
“Son un limbo jurídico porque si los inmigrantes permanecen en ellos por más de 48 horas, debiera existir una autoridad judicial que confirmara la privación de libertad”, explicó el experto en la rueda de prensa.
Agregó que se trata de estructuras “completamente inadecuadas”, sin comedores, ni espacio suficiente, ni mucho menos condiciones higiénicas.
Patrizio Gonnella, presidente del CILDC, dijo que durante la visita del pasado 6 de marzo en el centro de Lampedusa había 170 personas, entre ellas varios menores no acompañados.
“Formalmente los hotspots son centros abiertos, pero en la realidad los inmigrantes no los pueden dejar. La situación es explosiva”, advirtió Giuliano Santoro, abogado del CILDC.
Las organizaciones no gubernamentales presentaron una impugnación sobre esos centros ante la Corte Europea de Derechos Humanos, mientras algunos partidos políticos hicieron lo propio ante el gobierno italiano.
