El Tribunal Supremo de Justicia y la Crisis Política en Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela entró de lleno en la disputa tras los controversiales comicios en los que el organismo electoral proclamó al presidente Nicolás Maduro reelecto para un tercer período, un resultado desconocido por la oposición y cuestionado por varios gobiernos de la región y Europa.

La intervención del máximo tribunal —que está alineado con el gobierno e inhabilitó a inicios de año a la líder opositora María Corina Machado por 15 años— ha generado dudas entre los especialistas y el mismo Centro Carter, que actuó como observador en las elecciones, sobre cuánto podrá contribuir a resolver la crisis política que se ha profundizado ante la escalada de represión contra la oposición que defiende la victoria de su candidato, Edmundo González.

La principal sombra que pesa sobre la Corte, que está integrada por magistrados que fueron electos por la oficialista Asamblea Nacional y que formaron parte del gobierno, es su falta de imparcialidad, afirmó el abogado José Ignacio Hernández, profesor en derecho constitucional y asociado del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales CSIS en Washington.

El tribunal ha asumido, por instancia de Maduro, la auditoría de las elecciones que debió realizar, según sus atribuciones legales, el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya credibilidad quedó duramente golpeada tras los comicios al no presentar las actas que avalan la proclamación de Maduro.

A continuación, presentamos un vistazo del camino jurídico que tomó el gobierno venezolano ante la crisis política:

¿QUÉ PRESENTÓ MADURO EN LA CORTE?

El 31 de julio, dos días después de que el CNE proclamara su victoria, Maduro acudió a la Sala Electoral del Tribunal Supremo para presentar un “recurso contencioso electoral” que le permitió a esa corte asumir la investigación y peritaje de los comicios, algo sin precedentes en Venezuela.

Las leyes locales prevén que la Sala Electoral puede conocer las demandas que se interpongan contra “los actos, actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral", pero Hernández dijo a The Associated Press que en este caso la Corte se ha excedido en sus funciones y ha “inventado un procedimiento no establecido en la Constitución y la ley para verificar resultados”.

Como parte del proceso, la Corte solicitó al CNE la entrega de las actas de escrutinio, adjudicación y proclamación, acción que se concretó el 5 de agosto cuando Elvis Amoroso, presidente del organismo electoral, acudió al máximo tribunal para entregar documentación que nunca hizo pública, lo que sembró dudas en torno del proceso.

Para evaluar la documentación consignada por Amoroso el máximo tribunal fijó como plazo dos semanas pero estableció que el proceso podría extenderse por un período de tiempo adicional que no precisó.

Aunque los recursos contenciosos se promueven para impugnar o anular actos administrativos, hasta el momento ninguna autoridad ha informado qué fue lo que impugnó el mandatario. Al respecto, Maduro sólo expresó que el tribunal “tendrá santa palabra” para investigar un proceso “bajo ataque”.

La falta de claridad sobre ese punto ha llevado a algunos juristas y excandidatos como Enrique Márquez a plantear que no hay nada que impugnar en este caso. “¿Contra quién concurre el presidente de la república? ¿Contra su propia proclamación?”, se preguntó Márquez.

Las primeras informaciones sobre el supuesto ataque al proceso surgieron la madrugada del 29 de julio cuando Amoroso dijo, al presentar el primer boletín de resultados, que los sistemas del CNE sufrieron un “ataque cibernético” que ocasionó la demora en la difusión de los resultados, pero no presentó pruebas de ello ni se realizaron las auditorías postelectorales a los sistemas y equipos para validar la denuncia.

LOS PASOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

El máximo tribunal venezolano citó esta semana a declarar a los 10 candidatos presidenciales y advirtió que la inasistencia podría acarrear “consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico”, lo que podría llevar a esa instancia a emitir órdenes de detención contra quienes incumplan la medida.

El primero en ser citado fue González, un exdiplomático de 74 años, quien desde la semana pasada desapareció de la escena pública tras recibir duros ataques de las autoridades que pidieron su detención. González informó el miércoles que no acudiría a la Corte porque estaría en situación de “absoluta indefensión” y pondría en riesgo su libertad. Está previsto que Maduro rinda declaración el 9 de agosto.

El Tribunal Supremo también emitió citaciones a los representantes de las 38 organizaciones políticas que respaldaron a los candidatos y les solicitó la “consignación de los instrumentos electorales” que se utilizaron en la votación del 28 de julio. Hasta el momento no se ha aclarado los alcances de esa solicitud, pero podría incluir las copias de más del 80% de las actas de escrutinio emitidas por las máquinas de votación electrónicas que están en manos de la oposición y que se han convertido en su principal prueba para avalar su postura sobre la victoria de González.

La oposición asegura que su abanderado ganó con 6,89 millones de votos, mientras Maduro obtuvo 3,2 millones. Por el contrario, el CNE dijo que el mandatario venció con 6,4 millones de votos y el opositor González recibió 5,3 millones.

En un análisis realizado por The Associated Press a casi 24.000 imágenes de actas electorales difundidas por la oposición, y que representan los resultados del 79% de las máquinas de votación, se encontró que González sacó casi medio millón de sufragios más de los que el organismo electoral dice que obtuvo Maduro.

¿QUÉ CAMINOS PODRÍA TOMAR EL TRIBUNAL?

En medio de las dudas que rodean la acción judicial presentada por Maduro, el académico y consultor electoral Jesús Castellano Vásquez indicó a AP que tampoco está claro el alcance de las decisiones que podría tomar la Sala Electoral del máximo tribunal, puesto que entre sus competencias no está investigar ni evaluar comicios.

Ante ese contexto, Castellano Vásquez planteó tres escenarios de posibles decisiones del Tribunal Supremo: ratificar la proclamación Maduro como ganador que realizó el CNE, ordenar la apertura de todas las cajas que contienen los comprobantes de votación para hacer un recuento general de los sufragios o determinar que “lo entregado no es conclusivo y por tanto amerita la repetición de la elección”.

Cualquier decisión que tome la Corte, como mayor instancia jurídica de Venezuela, será de obligatorio cumplimiento y sin posibilidad de apelación.

¿PUEDE EL TRIBUNAL ALIVIAR LA CRISIS?

Los especialistas estiman que el papel que cumplirá el Tribunal Supremo no tendrá mayor incidencia para solventar la crisis debido a su cuestionada independencia y atribuyen su entrada en escena a una táctica dilatoria del oficialismo para tratar de enfriar la presión interna y externa sobre el gobierno de Maduro y convalidar la falta de transparencia de los resultados electorales. Ante esa situación los países que están intentado mediar en la crisis han intensificado los pedidos para que las autoridades venezolanas difundan a la brevedad las actas de escrutinio.

La oposición ha descartado el impacto de las acciones de la Corte. Al respecto, el abogado Perkins Rocha, vocero de la organización Vente Venezuela de Machado, dijo en un mensaje de su cuenta de X, antes Twitter, que con la intervención del Tribunal Supremo “no se calman las aguas sino que se acentúa la grave crisis institucional”.