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CARACAS (AP) — Tras doce días de espera, las autoridades venezolanas entregaron el miércoles el cuerpo del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió luego de ser detenido por miembros del servicio de contrainteligencia militar.
Bajo custodia policial y en medio de reclamos de sus familiares, que se quejaron de que las autoridades controlaron la inhumación, el organismo estatal de medicina forense entregó el cuerpo de Acosta Arévalo quien falleció el 29 de junio, una semana después de ser apresado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) señalado de estar vinculado con un supuesto complot contra el gobierno.
Las dudosas circunstancias de su muerte y los signos de tortura que según testigos tenía el militar desataron una intensa polémica que golpeó al gobierno de Nicolás Maduro.
Abogados y familiares denunciaron que Acosta Arévalo fue sometido a torturas durante su reclusión y como prueba de ello señalaron que un día antes de su muerte el militar fue presentado en silla de ruedas en un tribunal con numerosas excoriaciones y hematomas y restos de sangre en las uñas.
El activista Alonso Medina Roa, abogado de la familia del militar, dijo a la prensa que el cuerpo de Acosta Arévalo fue reconocido por una de sus hermanas y “entregado al Estado” por orden de un tribunal.
“La familia realizó todos los trámites pero es el Estado quien lo está enterrando”, afirmó Medina Roa al denunciar que el gobierno estaba haciendo una “inhumación controlada”. El abogado indicó que, según la autopsia, el oficial murió a consecuencia de “politraumatismo generalizado”.
Pasado el mediodía, el venezolano fue enterrado en un cementerio del este de la capital ante la presencia de su madre, una hermana y numerosos funcionarios públicos, indicó Medina Roa.
Sobre el desarrollo del proceso, el abogado afirmó que fueron "muchos los obstáculos que ha puesto el Ministerio Público para procurar una investigación clara y transparente".
Durante la mañana, la policía limitó la entrada al camposanto para evitar el paso de la prensa al entierro del militar.
En enero de 2018, el gobierno también realizó un entierro controlado del expolicía Óscar Pérez y seis de los integrantes de su grupo rebelde, que fallecieron en una operación que realizaron las fuerzas de seguridad en una barriada a las afueras de Caracas donde se escondían. Opositores y activistas de derechos humanos consideraron el caso como una “masacre”.
Pérez se dio a conocer a mediados de 2017 tras atacar, desde un helicóptero que robó a la policía judicial, las sedes del Ministerio de Relaciones Interiores y el Tribunal Supremo de Justicia.
Por la muerte de Acosta Arévalo fueron arrestados la semana pasada un teniente y un sargento de la Guardia Nacional que laboran en la DGCIM. Ambos, de 23 y 22 años, fueron imputados por la Fiscalía General del delito de homicidio preterintencional y se estableció como su lugar de reclusión la sede de ese organismo.
El caso del oficial fue condenado por varios gobiernos y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michellet Bachelet, que urgió a las autoridades a realizar una investigación “independiente” y “transparente” que incluyera una autopsia bajo estándares internacionales. El pronunciamiento de Bachelet se dio pocos días antes de que presentara un informe en el que denunció la existencia de graves violaciones a los derechos humanos durante la gestión de Maduro.
