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San Diego, Cal.- El gobierno del presidente Donald Trump dispensó el viernes los estudios ambientales para reemplazar un tramo de 22 kilómetros (14 millas) de la barrera fronteriza en San Diego, evitando así demoras al proyecto.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo que emitirá la sexta exención de la presidencia de Trump según una ley de 2005 que otorga al secretario de Seguridad Nacional la autoridad de dispensar revisiones requeridas por las leyes ambientales si se considera que lo hace en aras de la seguridad del país. Esas leyes incluyen la Ley Nacional de Política Ambiental, la Ley de Aire Limpio y la Ley de Especies en Peligro.
La exención, que fue anunciada el jueves y publicada el viernes en el Registro Federal, allana el camino para que este mes comiencen las obras para remplazar una segunda capa en la barrera de San Diego: una cerca de malla de alambre que funcionaba como fortaleza cuando fue erigida hace aproximadamente una década, pero que ahora frecuentemente es cortada con sierras portátiles que se venden en tiendas de productos domésticos.
Las exenciones permiten evitar las revisiones y las demandas que impugnan la violación de las leyes ambientales, todo lo cual consume mucho tiempo.
El gobierno otorgó un contrato de 101 millones de dólares a la empresa SLSCO Ltd., de Galveston, Texas, para que construya una barrera de bolardos de acero de 9 metros (30 pies) de altura, con opciones para unos 30 millones de dólares adicionales. Las obras comenzarán este mes.
La secretaria de Seguridad Kirstjen Nielsen dijo en un aviso público que el sector de la Patrulla Fronteriza en San Diego es “un área de elevados ingresos ilegales”, más de 38.000 arrestos y más de 4 toneladas de marihuana y 816 kilogramos de cocaína incautadas en 2018.
