Frena Javier Milei miles de contratos públicos y enfrenta cascada de demandas

El Gobierno de Argentina no renovará alrededor de 5.000 contratos públicos el año próximo y revisará más de un millón de planes sociales para detectar irregularidades, según informó este martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Adorni también anunció que los contratos públicos dados de alta en 2023 que finalicen el próximo 31 de diciembre no serán renovados en 2024, mientras que el resto entrarán en un proceso de revisión de noventa días.

En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el portavoz precisó que esta medida afectará a todos los empleados transitorios de la Administración federal y a los de diversos entes públicos de Argentina, y que sólo estarán excluidos los trabajadores de las empresas y las sociedades estatales.

Respecto a los planes sociales, el Ejecutivo argentino iniciará la auditoría de más de un millón de planes sociales y prevé, amparándose en los cálculos de las investigaciones judiciales, que 160.000 beneficiarios podrían estar recibiendo estas ayudas de manera "irregular".

De acuerdo al portavoz, estos planes tendrían un valor total de 10.000 millones de pesos argentinos (12,45 millones de dólares).

"Los argentinos no deben hacerse cargo de este dinero", enfatizó Adorni.

El objetivo del Gobierno argentino es "transparentar el sistema, que cobren los que lo necesiten y que (los planes sociales) dejen de funcionar como un negocio para los intermediarios y los titulares de las organizaciones sociales".

Precisamente, una parte de estas organizaciones sociales y sindicales se manifestó el miércoles pasado en Buenos Aires, coincidiendo con el 22° aniversario de la protestas de diciembre de 2001, que en el ámbito económico desembocaron en el conocido como 'corralito' bancario, y en lo político provocaron al dimisión del presidente radical Fernando de la Rúa (1999-2001).

En las movilizaciones de la semana pasada no participó la Confederación General del Trabajo (CGT), la poderosa y mayoritaria federación de sindicatos argentinos, de orientación peronista.

Se espera que los dirigentes y simpatizantes cegetistas se movilicen mañana en Buenos Aires en protesta por el decreto de necesidad y urgencia firmado la semana pasada por el presidente Javier Milei, pendiente de ser aprobado por las cámaras argentinas y que supone la práctica desregulación de toda la economía del país. 

Cascada de demandas por decreto económico

Casi una semana después de firmar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que el nuevo Gobierno de Argentina pretende acometer la práctica desregulación económica del país, el presidente Javier Milei y su gabinete se enfrentan a una cascada de demandas judiciales en contra de la medida.

La primera en conocerse se presentó al día siguiente de que Milei anunció en una cadena nacional de radio y televisión la batería de más de 300 reformas de leyes y normas que contiene el decreto, que tendrá que aprobarse en el Congreso de la Nación, donde la ultraderecha oficialista carece de apoyo parlamentario suficiente.

Varias organizaciones sociales y sindicales plantearon la nulidad del decreto 70/2023 al considerar que no existe la emergencia aducida por el Ejecutivo a la hora de tomar estas severas medidas económicas.

Desde entonces, el goteo de demandas y peticiones de inconstitucionalidad al decreto de Milei ha ido incrementándose.

Algunos de los denunciantes, como el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, aseguran que el presidente está intentando "sustituir la función legislativa del Congreso y violar la división de poderes".

En el mismo sentido se han pronunciado otros denunciantes, que han acusado al Gobierno de "pretender avanzar con una estrategia de demolición sobre la sociedad argentina" y han solicitado que se suspendan los efectos del DNU por ser "inconstitucional y antidemocrático".

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, consideró que el decreto de desregulación económica es "completamente legítimo".

"¿Que puede llegar a haber reparos de los destructivos de siempre o de sectores que consideran de alguna manera que se les acabó el privilegio? No tengo dudas", reconoció Cúneo en una entrevista con el diario Clarín.

El ministro aseguró que la Justicia será quien tendrá que "analizar en forma imparcial" el DNU y reiteró que él "no le tiene miedo a la ilegalidad".

De momento, los recursos presentados contra el decreto empezarán a tramitarse en el Fuero Contencioso Administrativo, aunque el decreto podría enfrentarse a demandas en otros tribunales del país.

En boca de todos está el rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de Argentina, que eventualmente podría fallar en contra del decreto.

Hasta ahora, la Corte Suprema se ha pronunciado en dos ocasiones acerca de los decretos de necesidad y urgencia, refiriéndose en particular a la necesidad de que éstos sean validados por el Congreso de la Nación y de que el Gobierno los emplee con carácter "excepcional".

Mientras tanto, el Ejecutivo continúa buscando aliados en la Cámara de Diputados (que junto con el Senado conforma el Congreso de la Nación) para conseguir tramitar políticamente el controvertido DNU, principalmente entre los diputados de la coalición centroderechista Juntos por el Cambio, cuya excandidata presidencial, Patricia Bulrich, es ahora la ministra de Seguridad del Gobierno de Milei.

En las calles, varias organizaciones sociales como la Confederación General del Trabajo (CGT) -la mayoritaria entre los trabajadores argentinos y de orientación peronista- ya han convocado diversas movilizaciones esta semana contra el decreto de Milei, que fue recibido el miércoles pasado con sonoros "cacerolazos" en las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del país.

Sancionado el miércoles pasado por el mandatario ultraliberal, aún no está claro cuando entrará en vigencia esta reforma total de la maltrecha economía argentina, que propone -entre otras muchas medidas- la privatización de más de sesenta empresas públicas, la derogación de leyes como la de alquileres o autorizar la conversión de los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas.