Gobierno chileno califica de "opiniones" el informe de ONU sobre el estallido social

Santiago de Chile (EFE).- El Gobierno chileno calificó de "opiniones" las recomendaciones entregadas por la ONU al referirse este martes al informe en que el organismo llamó al país a "profundizar sus esfuerzos" para abordar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas de 2019.

"Hay algunas de las expresiones en el informe que más que hacer recomendaciones conforme a estándares de derechos humanos a mí me parece que son opiniones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que uno podrá compartir o no", señaló el subsecretario del Interior chileno, Juan Francisco Galli.

Además, el subsecretario destacó los "avances" en los protocolos utilizados por la Policía militarizada chilena (Carabineros) en el empleo de la escopeta antidisturbios así como de otros elementos disuasivos.

"No hubo una sola denuncia el lunes 18 de octubre pasado por vulneración de derechos humanos en que pudiera imputársele responsabilidad a un funcionario el Estado. Eso da cuenta en los hechos, más allá de informes y protocolos, de que las lecciones se incorporaron dentro de los posesos policiales", agregó Galli.

El documento publicado por la ONU denunció además "los obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales".

Por otro lado, el informe también constató un "uso inadecuado de cartuchos lacrimógenos y carros lanza aguas contra las personas" y subrayó casos en que funcionarios del cuestionado cuerpo policial de Carabineros "no prestaron asistencia a personas heridas".

Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó como una protesta contra el alza en el precio del tiquete de metro y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo y acceso a derechos sociales.

Las revueltas dejaron episodios de violencia como incendios, saqueos y destrucción de mobiliario público que llevaron a la Fiscalía a abrir más de 5.000 causas por delitos cometidos en las marchas, además de señalamientos por parte de la ONU y Amnistía Internacional (AI) contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.

El proceso constituyente en el que está inmerso Chile se gestó precisamente en las protestas y el plebiscito celebrado el 25 de octubre de 2020 para cambiar la actual Constitución -heredada de la dictadura- fue la salida institucional que encontró el país para calmar la crisis.