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Presos republicanos fueron forzados por el franquismo a trabajar en la construcción del Valle de los Caídos / Foto: Archivo
MADRID, España (EFE).- El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, propone que tras la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, el lugar sea un cementerio civil y no un espacio de reconciliación, como había propuesto antes su partido.
La polémica sobre el futuro de este monumento, símbolo del franquismo, es recurrente en España tras más de cuarenta años de democracia y se ha reavivado después de que el Gobierno de Sánchez anunciara la exhumación de los restos de Franco (1892-1975), que el ejecutivo aprobó la semana pasada por decreto.
En 2011 una comisión de expertos, creada por el anterior ejecutivo socialista, recomendaba "resignificar su función para que deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica" y convertirlo en un "espacio para la cultura de la reconciliación".
Esta propuesta fue asumida por el Partido Socialista y se reflejó en una proposición de ley presentada por su grupo en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2017.
Sin embargo, Sánchez ha propuesto ahora que el Valle de los Caídos sea solo un cementerio civil porque no puede ser un lugar de reconciliación, dado que tradicionalmente se ha identificado con el franquismo.
Franco ordenó su construcción después de la Guerra Civil (1936-1939) y en ella participaron presos republicanos, que hacían así trabajos forzados.
Ubicado en la sierra de Madrid, a unos 50 kilómetros de la capital, en ese lugar además del dictador está enterrado José Antonio Primo de Rivera, líder de Falange, un movimiento de corte fascista de los años 30 en España.
Sánchez considera que no puede haber una "resignificación" de ese espacio y cree que debe ser un lugar "de reposo", por lo que propone que sea un cementerio civil, dado que allí también están enterradas miles de víctimas de la guerra civil, tanto del bando franquista como de la República, el sistema político legal en España en 1936.
El conservador Partido Popular (PP), en el Gobierno hasta fines de mayo pasado, afirma que respaldará todo lo que vaya "en dirección de mantener la concordia", pero se mostrará en contra de todo lo que sea "revisar" y reabrir heridas.
El PP nunca apoyó ni promovió ningún cambio para el Valle de los Caídos y, en este sentido, el líder del partido, Pablo Casado, consideró hoy "absurdo" que el Gobierno se preocupe por "un muerto de hace 43 años -Francisco Franco- y no se preocupe por la economía, la seguridad, la inmigración, el empleo y el futuro de España".
Por su parte, Podemos, grupo a la izquierda del partido socialista (PSOE), criticó "la rectificación" del Gobierno, ya que, en su opinión, "la posición que tenía antes era más sensata si lo que se quiere es pasar página a una época tan oscura".
Sánchez ratificó además su intención de crear una Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil española y la dictadura del general Franco (1939-1975).
"La voluntad del Gobierno es crear esa Comisión de la Verdad que sea lo más plural posible y que esté incorporada por todas las perspectivas históricas sobre la Guerra Civil y la dictadura para que de una vez por todas se cierren esas heridas que se siguen sufriendo en el país", afirmó.
Asociaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Rights International Spain valoraron hoy este anuncio, pero pidieron al Ejecutivo español que pase de "las prometedoras intenciones a los hechos".
Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, estas asociaciones reclamaron la creación de una Comisión de la Verdad, el fin de la 'privatización' de las exhumaciones o la declaración de nulidad de las sentencias de muerte dictadas durante la Guerra Civil y el franquismo, informaron en un comunicado.
