Guatemala: denuncian a juez y fiscales por abuso de autoridad por allanar sedes electorales

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Denuncias, solicitudes de retiro de inmunidad y amparos contra la fiscalía y el juez que ordenó el allanamiento de dos sedes del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala son el más reciente capítulo de la arremetida contra el ente que declaró ganador de la elección presidencial al progresista Bernardo Arévalo.

Mientras el miércoles la fiscalía continuaba el allanamiento en el Centro de Operaciones Electorales —donde se resguardan los millones de votos emitidos por los ciudadanos de todo el país— la organización Acción Ciudadana, la representación de Transparencia Internacional para Guatemala, pidió un amparo contra la fiscal general Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana.

El magistrado fue quien, a petición de la fiscalía, ordenó los operativos que incluyeron la apertura de las cajas electorales que contienen los votos, algo que por ley sólo pueden hacer el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las Juntas Receptoras de votos.

Orellana, previo a la segunda vuelta electoral del 20 de agosto, también ordenó suspender al partido Semilla con el fin de que este no participara en el balotaje, sin embargo, el registrador de ciudadanos se negó a hacerlo y en represalia la fiscalía pidió que le levantaran la inmunidad para investigarlo.

El recurso se sumó a tres denuncias presentadas por el presidente electo Arévalo contra los mismos funcionarios y contra los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, a cargo de las investigaciones, así como la solicitud de retiro de inmunidad de Porras y Orellana para ser investigados por los delitos de violaciones a la constitución, abuso de autoridad con fines electorales y prevaricato.

El TSE también presentó la noche del martes un amparo en la Corte de Constitucionalidad pidiéndole que frene las acciones de la fiscalía alegando que la ley no permite que otros entes tengan acceso a las cajas que contienen los votos y que el juez no puede ordenar esas acciones. Los magistrados del TSE denunciaron la víspera que con las acciones de la fiscalía perdieron la cadena de custodia de los votos, por lo que no pueden dar fe sobre el contenido en esas cajas.

El miércoles la Corte de Constitucionalidad, no entró a conocer el amparo y por competencia lo remitió a una Sala de Apelaciones.

El TSE plateó la noche del miércoles un nuevo recurso llamado Cuestión de competencia, para que los magistrados constitucionales decidan si un juez tiene facultades para suspender o cancelar un partido político, constituido bajo la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es de rango constitucional, la cual faculta sólo al Registro de Ciudadanos del TSE esa función.

La víspera Arévalo suspendió temporalmente su participación en las discusiones sobre la transición de gobierno y dijo que las retomará cuando estén dadas las condiciones.

La tarde de miércoles la Corte Suprema de Justicia negó, de forma unánime, un amparo provisional solicitado por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de la ex primera dama Sandra Torres que perdió las elecciones contra Arévalo y que buscaba dejar sin efecto el acuerdo del TSE que oficializó los cargos de presidente y vicepresidenta elegidos el 20 de agosto.

“Los golpistas deben renunciar”, sentenció el presidente electo sobre los funcionarios denunciados, señalándolos de que a través de las acciones judiciales buscan un “golpe de Estado” y evitar que tome la posesión del cargo prevista para el 14 de enero de 2024.

Phil Gordon, asistente del presidente estadounidense Joe Biden y asesor en temas de seguridad nacional de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, dijo el miércoles en un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, antes llamada Twitter, que “el allanamiento sin precedentes de ayer a instalaciones electorales en Guatemala fue un ataque al proceso democrático y al Estado de Derecho. Estados Unidos seguirá apoyando la democracia guatemalteca y castigando a los actores corruptos que busquen subvertirla”.

Porras, Curruchiche, Orellana y Monterroso han sido sancionados por el gobierno estadounidense por obstaculizar la lucha contra la corrupción, socavar la democracia en Guatemala, así como presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones política