Informe revela aumento de agresiones a periodistas en El Salvador

San Salvador, 8 may (EFE).- El 2023 fue el "peor año" para la libertad de prensa desde la llegada de Nayib Bukele al Gobierno salvadoreño, con al menos 311 ataques, de acuerdo con un informe presentado este miércoles por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

"Lamentablemente el 2023 fue el peor año para la libertad de prensa en El Salvador desde que Nayib Bukele asumió la Presidencia, en junio de 2019", dijo Angélica Cárcamo, presidenta de la APES, durante la presentación del informe.

Sostuvo que el Centro de Monitoreo de Agresiones de la APES registró 311 agresiones, mientras que en 2022 fueron 187, lo que representa un incremento del más del 66 %.

La APES indica que entre estas 311 agresiones se encuentran las declaraciones estigmatizantes -con el mayor número de casos, 87-, el acoso digital, restricción del ejercicio periodístico, calumnia, violencia basada en género, intimidación y retención arbitraria.

Además, se encuentran casos de seguimiento, amenazas legales, criminalización y detención arbitraria de familiares, entre otros.

Cárcamo señaló que previo a la llegada del presidente Bukele al Gobierno, las agresiones contra el gremio periodístico en el país centroamericano provenían principalmente del crimen organizado, y que ahora el Estado es el principal señalado.

"Al menos el 55 % de las agresiones que hemos registrado provienen de entidades del Estado salvadoreño", apuntó Cárcamo y llamó al Estado a que "deje de mentir en que en El Salvador no se vulneran los derechos de la prensa".

Por su parte, Gabriel Labrador, relator de Libertad de Expresión de la APES, sostuvo que "el peor escenario" es para las mujeres.

Explicó que el número de mujeres periodistas agredidas llegó a 34 y que, a pesar que el grupo de hombres es el que más víctimas registró, ellas concentraron el mayor número de agresiones -que incluye más de un ataque- con 94.

De igual forma, señaló que las agresiones denunciadas por periodistas relacionadas con el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, llegaron en lo que va del año a 40, la mayoría atribuida a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y a elementos de la Fuerza Armada.