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Roma.- El Senado italiano aprobó el proyecto de Ley de Seguridad e Inmigración, que dificulta las condiciones para los solicitantes de asilo y prevé expulsiones de los inmigrantes considerados “un peligro social” o condenados en primer grado.
El proyecto de ley, que ahora pasará a la Cámara de los diputados para su aprobación final, fue aprobado con un voto de confianza, al que se recurre frecuentemente en Italia para evitar las enmiendas, y recibió 163 votos a favor, 59 contrarios y 19 abstenciones, entre estas las de cinco senadores del antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S).
Ese gesto ha puesto en evidencia las discrepancias del M5S respecto a algunas medidas presentadas por la ultraderechista Liga con la que gobierna en coalición.
No participaron en el voto los senadores de Forza Italia y se abstuvieron los de Hermanos
de Italia.
Esta ley es el caballo de batalla del ministro del Interior, Matteo Salvini, en su política de freno a la inmigración y de puño duro contra los inmigrantes.
Prevé que en “en caso de peligro social o de condena en primer grado de un solicitante de asilo” este sea expulsado del país.
El decreto contempla que la condena en primer grado para terminar el proceso de solicitud de asilo puede ser por delitos relacionados con drogas, robo, violencia sexual, violencia contra un funcionario público o lesiones graves.
El proyecto de ley, que ahora pasará a la Cámara de los diputados para su aprobación final, fue aprobado con un voto de confianza, al que se recurre frecuentemente en Italia para evitar las enmiendas, y recibió 163 votos a favor, 59 contrarios y 19 abstenciones, entre estas las de cinco senadores del antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S).
Ese gesto ha puesto en evidencia las discrepancias del M5S respecto a algunas medidas presentadas por la ultraderechista Liga con la que gobierna en coalición.
No participaron en el voto los senadores de Forza Italia y se abstuvieron los de Hermanos
de Italia.
Esta ley es el caballo de batalla del ministro del Interior, Matteo Salvini, en su política de freno a la inmigración y de puño duro contra los inmigrantes.
Prevé que en “en caso de peligro social o de condena en primer grado de un solicitante de asilo” este sea expulsado del país.
El decreto contempla que la condena en primer grado para terminar el proceso de solicitud de asilo puede ser por delitos relacionados con drogas, robo, violencia sexual, violencia contra un funcionario público o lesiones graves.
