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SAN FRANCISCO (AP) — Las organizaciones de derechos civiles que intentan bloquear la política del gobierno del presidente Donald Trump de devolver a los solicitantes de asilo a México han cumplido con los requisitos básicos para presentar su caso, dijo el viernes un juez que también se mostró escéptico de uno de sus argumentos clave para demostrar que la práctica es ilegal.
Al final de la audiencia, el juez Richard Seeborg no emitió un fallo inmediato que le ayudara a decidir si suspende la política mientras se decide una apelación.
La medida que comenzó a aplicarse en enero en el cruce San Ysidro, en San Diego, fue un cambio sin precedentes en el sistema estadounidense de asilo. Lo habitual era que las familias solicitantes de asilo quedaran en libertad dentro de Estados Unidos con órdenes de comparecer ante las cortes de inmigración.
El gobierno extendió luego la política al cruce de Calexico, unos 193 kilómetros al este de San Ysidro.
La demanda a nombre de 11 solicitantes de asilo centroamericanos y grupos intercesores sostiene que el gobierno viola la ley al no tener debidamente en cuenta los peligros que enfrentan los migrantes en México.
Seeborg dijo que los demandantes tenían la potestad de presentar el caso y que el tribunal podía aceptar el caso. Pero cuestionó el argumento de que la medida viola la ley estadounidense que permite el regreso de inmigrantes a México.
El gobierno ha citado esa ley como autorización para realizar cambios en el sistema de asilo. La Unión Americana para las Libertades Civiles y otras organizaciones dijeron que la ley no aplica a solicitantes de asilo que cruzan la frontera ilegalmente o se presentan al cruce fronterizo sin los documentos adecuados.
Las organizaciones también han acusado al Departamento de Seguridad Nacional y funcionarios de inmigración de privar a los migrantes del derecho a solicitar asilo al dificultar el proceso.