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Washington.- El juez mexicano-estadounidense Gonzalo Curiel falló a favor de la Administración de Donald Trump en una demanda que intentaba bloquear la construcción de su prometido muro en la frontera entre México y EU.
El juez federal Curiel, sobre quien Trump puso en duda su imparcialidad hacia él debido a sus orígenes mexicanos, falló contra una demanda interpuesta sobre la posibilidad de que el Gobierno estadounidense aplique exenciones ambientales para la construcción.
El fallo, emitido por el Tribunal del Distrito Sur de California, implica que el Gobierno podrá esquivar dichas regulaciones medioambientales para acelerar la construcción de la barrera fronteriza.
Curiel argumentó que no existen “serias dudas constitucionales” sobre el uso de las exenciones ambientales por parte de la Administración, y añadió que “el tribunal no puede considerar y no considera si las decisiones subyacentes para construir las barreras fronterizas son políticamente sabias o prudentes”, escribió.
Este caso estudiaba tres demandas similares presentadas por el Gobierno de California, así como por grupos ambientalistas.
El debate se centró en si el Ejecutivo se excedió en su autoridad al intentar eximir de leyes ambientales la construcción del muro a lo largo de la línea fronteriza, planteamiento ante el que la defensa argumentó que el Gobierno está actuando dentro del marco constitucional.
Los demandantes argumentaban que la Administración federal está violando la Constitución y leyes estatales al ignorar normas medioambientales y no considerar estudios de impacto ambiental, lo que podría causar daños irreparables a especies y al medio ambiente.
El juez federal Curiel, sobre quien Trump puso en duda su imparcialidad hacia él debido a sus orígenes mexicanos, falló contra una demanda interpuesta sobre la posibilidad de que el Gobierno estadounidense aplique exenciones ambientales para la construcción.
El fallo, emitido por el Tribunal del Distrito Sur de California, implica que el Gobierno podrá esquivar dichas regulaciones medioambientales para acelerar la construcción de la barrera fronteriza.
Curiel argumentó que no existen “serias dudas constitucionales” sobre el uso de las exenciones ambientales por parte de la Administración, y añadió que “el tribunal no puede considerar y no considera si las decisiones subyacentes para construir las barreras fronterizas son políticamente sabias o prudentes”, escribió.
Este caso estudiaba tres demandas similares presentadas por el Gobierno de California, así como por grupos ambientalistas.
El debate se centró en si el Ejecutivo se excedió en su autoridad al intentar eximir de leyes ambientales la construcción del muro a lo largo de la línea fronteriza, planteamiento ante el que la defensa argumentó que el Gobierno está actuando dentro del marco constitucional.
Los demandantes argumentaban que la Administración federal está violando la Constitución y leyes estatales al ignorar normas medioambientales y no considerar estudios de impacto ambiental, lo que podría causar daños irreparables a especies y al medio ambiente.
