A-AA+
Iniciada en 2014 como una aparente pequeña trama de blanqueo de dinero en Brasil, la Operación Lava Jato supuso un hito histórico en la lucha contra la corrupción, al tiempo que la red de sobornos, coimas, sobresueldos y compra de apoyo político no deja de expandirse allá donde operaron dos de las empresas claves en el esquema: la constructora Odebrecht y la petrolera Petrobras.
En Brasil, la Operación Lava Jato provocó ya el encarcelamiento del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, así como del expresidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, y de decenas de hombres de negocios, parlamentarios y funcionarios de empresas que participaron en el esquema de corrupción.
En Río de Janeiro, estado que hace apenas un lustro era la “vitrina” del auge económico de Brasil, los tres últimos gobernadores están encarcelados, incluido el que está actualmente en el cargo, Luiz Fernando Pezao, detenido en diciembre en su residencia oficial por recibir unos 10 millones de dólares entre 2007 y 2015.
La trama de sobornos y coimas, de la que se acusa al Partido de los Trabajadores (PT) como gran artífice, gangrenó buena parte del sistema de licitaciones públicas vinculadas con la estatal Petrobras, una de las “joyas de la corona” de la economía brasileña.
Un ejecutivo de la constructora brasileña Odebrecht reveló a la Justicia que su empresa –en el centro del esquema de pago de propinas a cambio de adjudicarse obras públicas- pagó ilícitamente tres mil 390 millones de dólares entre 2006 y 2014.
El funcionario de Odebrecht Hilberto Mascarenhas, uno de los 77 ejecutivos que aceptó confesar todo cuanto sabe de la Operación Lava Jato a cambio de una remisión de la pena, dijo que las contribuciones ilegales se destinaban a campañas políticas, sobornos a políticos y pago de rescates de empleados secuestrados cuando trabajaban en países peligrosos.
Del total de los tres mil 390 millones de dólares, entre 15 y 20 por ciento habría ido a la financiación de campañas electorales en Brasil.
El escándalo provocó en las elecciones de octubre un vuelco histórico: por primera vez, un exmilitar de extrema derecha, Jair Bolsonaro, quien prometió mano dura contra la corrupción, GANó los comicios ante el PT.
En estados brasileños estratégicos, como Minas Gerais y Río de Janeiro, también vencieron las elecciones a gobernador hombres desconocidos en el mundo político, pero que se impusieron gracias al discurso de tolerancia cero con las coimas.
Asimismo, el juez Sergio Moro, la cabeza visible de la lucha contra los abusos de la Lava Jato, se ganó el respeto de Brasil y fue nombrado ministro de Justicia en el Gobierno de Bolsonaro, una polémica decisión que divide a la sociedad.
Pero mientras la trama crecía y sigue revelando la corrupción endémica en Brasil, también provocaba polvareda en otras naciones, desde Ecuador a Colombia, y de Argentina a Venezuela, donde las corporaciones brasileñas habrían exportado sus métodos antiéticos para vencer contratos de obra pública valorados en miles de millones de dólares.
No se sabe todavía cuál es el alcance de la corrupción, pero algunos datos permiten tener una vista de pájaro sobre el asunto: las operaciones policiales contra la corrupción en Brasil desde 2014 destaparon coimas por valor de 13 mil millones de dólares en sectores como la infraestructura, la sanidad, la educación y el sistema de pensiones.
En Brasil, la Operación Lava Jato provocó ya el encarcelamiento del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, así como del expresidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, y de decenas de hombres de negocios, parlamentarios y funcionarios de empresas que participaron en el esquema de corrupción.
En Río de Janeiro, estado que hace apenas un lustro era la “vitrina” del auge económico de Brasil, los tres últimos gobernadores están encarcelados, incluido el que está actualmente en el cargo, Luiz Fernando Pezao, detenido en diciembre en su residencia oficial por recibir unos 10 millones de dólares entre 2007 y 2015.
La trama de sobornos y coimas, de la que se acusa al Partido de los Trabajadores (PT) como gran artífice, gangrenó buena parte del sistema de licitaciones públicas vinculadas con la estatal Petrobras, una de las “joyas de la corona” de la economía brasileña.
Un ejecutivo de la constructora brasileña Odebrecht reveló a la Justicia que su empresa –en el centro del esquema de pago de propinas a cambio de adjudicarse obras públicas- pagó ilícitamente tres mil 390 millones de dólares entre 2006 y 2014.
El funcionario de Odebrecht Hilberto Mascarenhas, uno de los 77 ejecutivos que aceptó confesar todo cuanto sabe de la Operación Lava Jato a cambio de una remisión de la pena, dijo que las contribuciones ilegales se destinaban a campañas políticas, sobornos a políticos y pago de rescates de empleados secuestrados cuando trabajaban en países peligrosos.
Del total de los tres mil 390 millones de dólares, entre 15 y 20 por ciento habría ido a la financiación de campañas electorales en Brasil.
El escándalo provocó en las elecciones de octubre un vuelco histórico: por primera vez, un exmilitar de extrema derecha, Jair Bolsonaro, quien prometió mano dura contra la corrupción, GANó los comicios ante el PT.
En estados brasileños estratégicos, como Minas Gerais y Río de Janeiro, también vencieron las elecciones a gobernador hombres desconocidos en el mundo político, pero que se impusieron gracias al discurso de tolerancia cero con las coimas.
Asimismo, el juez Sergio Moro, la cabeza visible de la lucha contra los abusos de la Lava Jato, se ganó el respeto de Brasil y fue nombrado ministro de Justicia en el Gobierno de Bolsonaro, una polémica decisión que divide a la sociedad.
Pero mientras la trama crecía y sigue revelando la corrupción endémica en Brasil, también provocaba polvareda en otras naciones, desde Ecuador a Colombia, y de Argentina a Venezuela, donde las corporaciones brasileñas habrían exportado sus métodos antiéticos para vencer contratos de obra pública valorados en miles de millones de dólares.
No se sabe todavía cuál es el alcance de la corrupción, pero algunos datos permiten tener una vista de pájaro sobre el asunto: las operaciones policiales contra la corrupción en Brasil desde 2014 destaparon coimas por valor de 13 mil millones de dólares en sectores como la infraestructura, la sanidad, la educación y el sistema de pensiones.
