Impacto de la migración en Líbano y Chipre

BEIRUT, Líbano (AP) — La ayuda europea enviada a Líbano en un intento de regular la migración por mar está financiando prácticas que violan los derechos humanos, según el informe de un grupo internacional que monitorea los derechos humanos publicado el miércoles.

Como parte de una política para contener la migración, las autoridades en Chipre han empujado físicamente a refugiados sirios de vuelta a Líbano, y las agencias de seguridad libanesas los han deportado, de acuerdo con el reporte de Human Rights Watch.

El informe, basado en entrevistas con 16 sirios que intentaron salir de Líbano en barcos operados por traficantes de personas, determinó que 15 de ellos "sufrieron violaciones de los derechos humanos a manos de las autoridades libanesas y/o chipriotas".

Los grupos de derechos han criticado con frecuencia las tácticas empleadas por ambos países a la hora de lidiar con posibles migrantes y solicitantes de asilo. Las autoridades de Líbano y Chipre niegan haber incumplido ninguna ley pero dijeron que están desbordados por la migración a la que se enfrentan.

Líbano, que padece una grave crisis financiera desde 2019, acoge a alrededor de 775.000 refugiados sirios registrados, y a cientos de miles más que no lo están, la mayor población de refugiados per cápita del mundo.

Los responsables políticos libaneses han presionado para que los países occidentales reubiquen a los refugiados o ayuden a devolverlos a Siria, de forma voluntaria o no. Al mismo tiempo, Líbano tiene un acuerdo con Chipre para frenar el tráfico de migrantes y ha recibido una cuantiosa financiación de la Unión Europea y de naciones europeas para el control de sus fronteras.

En algunos casos, los refugiados sirios que fueron descubiertos por el ejército libanés cuando intentaban salir del país por mar han sido llevados a la frontera entre Líbano y Siria y abandonados del lado sirio, de acuerdo con Human Rights Watch. Al parecer, algunos habrían sido detenidos por el ejército mientras que otros fueron extorsionados por contrabandistas de personas para regresar a Líbano.

Chipre, por su parte, suspendió la tramitación de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios en abril. Human Rights Watch acusó a las autoridades de la nación insular mediterránea de rechazar por la fuerza embarcaciones con solicitantes de asilo procedentes de Líbano.

En algunos casos, las autoridades chipriotas impidieron su desembarco por la fuerza, en en otros casos llegaron a tierra pero "no se les dio la oportunidad de solicitar asilo" y en su lugar fueron detenidos y devueltos a Líbano, donde algunos fueron deportados a Siria, apuntó el reporte.

"Tanto las autoridades libanesas como las chipriotas hicieron un uso excesivo de la fuerza en el momento del arresto y durante la detención", dijo HRW.

La Unión Europea y los países europeos dieron a Líbano unos 16,7 millones de euros (18,5 millones de dólares) entre 2020 y 2023 para la gestión de fronteras, "principalmente en forma de proyectos de desarrollo de capacidades destinados explícitamente a mejorar la capacidad de Líbano para prevenir la migración irregular", según el informe. En agosto, Bruselas le asignó otros 32 millones de euros (35,3 millones de dólares) para "seguir ejecutando proyectos de mejora de la gestión fronteriza hasta 2025", añadió.

En un comunicado, el ministro adjunto de Migración y Protección Internacional de Chipre negó las llamadas devoluciones en caliente o pushbacks y dijo que el suyo es un "pequeño país fronterizo" que ha "recibido flujos masivos de migrantes en los últimos años".

"La capacidad del Estado para acoger a más migrantes está desbordada», agregó. "Por ello, nuestro objetivo es lograr un equilibrio entre nuestras obligaciones legales y las realidades sobre el terreno.

La agencia de Seguridad General libanesa dijo a HRW que entre el 1 de enero de 2022 y el 1 de agosto de 2024 registró la salida de 1.388 personas, incluyendo 821 sirios, en 15 embarcaciones que fueron interceptadas tratando de abandonar el país. Según el departamento, todas las deportaciones de las que "tuvo conocimiento y que coordinó, estaban sujetas a las normas del derecho internacional de los derechos humanos".

La directora general en funciones de la Dirección General de Migración e Interior de la Comisión Europea, Beate Gminder, apuntó en una respuesta a las conclusiones del informe que la comisión "se toma muy en serio las denuncias de irregularidades", pero es responsabilidad de las autoridades nacionales "investigar cualquier denuncia de violación de derechos fundamentales" y perseguir las irregularidades.