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Sao Paulo, Bra.- La defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva continuó analizando las posibles vías jurídicas para lograr su liberación, mientras cientos de militantes seguían en vigilia ante el centro policial en que ha sido recluido.
Fuentes vinculadas a su equipo de abogados han dicho que una de las posibilidades sería intentar una nueva apelación ante la Corte Suprema, a pesar de que hasta ahora ese tribunal ha negado uno a uno todos los recursos presentadas en favor del exmandatario, condenado a doce años de prisión por corrupción y lavado de dinero.
Otro camino sería esperar a que fructifiquen las presiones que ejercen algunos magistrados del Supremo para que sea revisada una decisión que esa misma corte adoptó en 2016, la cual autoriza que un condenado en segunda instancia comience a cumplir su pena, que es el caso de Lula.
El juez Marco Aurelio Mello, uno de los once miembros de la Corte Suprema, dijo este domingo que está dispuesto a proponer al pleno del tribunal discutir el asunto, sobre la base de una acción que le ha sido presentada por el Instituto de Garantías Penales, que dirige el abogado Antonio Carlos de Almeida Castro.
Ese abogado, conocido como Kakay, es un respetado criminalista que ya ha prestado servicios a numerosos políticos de todo el arco partidario y ahora se ha sumado a quienes consideran que la prisión de Lula ha sido “ilegal” y que contraría normas constitucionales.
Mientras los abogados se aferran a esa posibilidad, cientos de militantes han mantenido una vigilia en los alrededores de la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, a donde Lula fue trasladado el sábado una vez que puso fin a 26 horas de resistencia al arresto que había sido dictado el jueves.
Fuentes vinculadas a su equipo de abogados han dicho que una de las posibilidades sería intentar una nueva apelación ante la Corte Suprema, a pesar de que hasta ahora ese tribunal ha negado uno a uno todos los recursos presentadas en favor del exmandatario, condenado a doce años de prisión por corrupción y lavado de dinero.
Otro camino sería esperar a que fructifiquen las presiones que ejercen algunos magistrados del Supremo para que sea revisada una decisión que esa misma corte adoptó en 2016, la cual autoriza que un condenado en segunda instancia comience a cumplir su pena, que es el caso de Lula.
El juez Marco Aurelio Mello, uno de los once miembros de la Corte Suprema, dijo este domingo que está dispuesto a proponer al pleno del tribunal discutir el asunto, sobre la base de una acción que le ha sido presentada por el Instituto de Garantías Penales, que dirige el abogado Antonio Carlos de Almeida Castro.
Ese abogado, conocido como Kakay, es un respetado criminalista que ya ha prestado servicios a numerosos políticos de todo el arco partidario y ahora se ha sumado a quienes consideran que la prisión de Lula ha sido “ilegal” y que contraría normas constitucionales.
Mientras los abogados se aferran a esa posibilidad, cientos de militantes han mantenido una vigilia en los alrededores de la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, a donde Lula fue trasladado el sábado una vez que puso fin a 26 horas de resistencia al arresto que había sido dictado el jueves.
