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Managua, Nic.- La misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) que da seguimiento a la crisis que vive Nicaragua abandonará el país este sábado, después del que el Gobierno de Daniel Ortega diera por concluida su labor, informó el coordinador del grupo, Guillermo Fernández Maldonado.
Según Maldonado, el Ejecutivo explicó que “se da por concluida la invitación extendida por el Gobierno al Acnudh y que la misión se da por finalizada a partir de hoy, 30 de agosto”, al haber terminado las razones por las que el grupo enviado por el organismo internacional estaba en el país desde el pasado 24 de junio.
No obstante, pese a no permanecer en el país, el Acnudh “dará seguimiento remoto a Nicaragua” desde la oficina regional en Panamá mientras continúe la crisis sociopolítica que comenzó el 18 de julio del año en curso.
Según el informe emitido por el organismo de las Naciones Unidas el pasado miércoles en Ginebra, las revueltas populares en Nicaragua han dejado “más de 300 muertos y 2.000 heridos”.
El documento señala al Gobierno de Ortega por el “uso desproporcionado de la fuerza por parte la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y obstrucción del acceso a la atención médica”, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Además, lo responsabiliza de “detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado, frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención, violaciones a las libertades de reunión”. El mandatario rechazó el informe por considerarlo “subjetivo”.
Según Maldonado, el Ejecutivo explicó que “se da por concluida la invitación extendida por el Gobierno al Acnudh y que la misión se da por finalizada a partir de hoy, 30 de agosto”, al haber terminado las razones por las que el grupo enviado por el organismo internacional estaba en el país desde el pasado 24 de junio.
No obstante, pese a no permanecer en el país, el Acnudh “dará seguimiento remoto a Nicaragua” desde la oficina regional en Panamá mientras continúe la crisis sociopolítica que comenzó el 18 de julio del año en curso.
Según el informe emitido por el organismo de las Naciones Unidas el pasado miércoles en Ginebra, las revueltas populares en Nicaragua han dejado “más de 300 muertos y 2.000 heridos”.
El documento señala al Gobierno de Ortega por el “uso desproporcionado de la fuerza por parte la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y obstrucción del acceso a la atención médica”, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Además, lo responsabiliza de “detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado, frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención, violaciones a las libertades de reunión”. El mandatario rechazó el informe por considerarlo “subjetivo”.
