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San Miguel Los Lotes, Guatemala.- Orlando Páez no quiere volver a su pueblo, San Miguel Los Lotes, donde escapó de una riada ardiente de agua y ceniza volcánica mientras sus vecinos pedían ayuda a gritos antes de morir.
“No sé para qué lo vayan a utilizar, pero por favor que no dejen a nadie vivir acá, la verdad”, dijo Páez después de la violenta erupción del Volcán de Fuego en Guatemala.
Una buena pregunta es por qué las autoridades lo permitieron en un principio.
Situado en la ladera de un volcán muy activo, el poblado estaba justo en el camino de un barranco por el que descendió un torrente de lodo, rocas calientes, cenizas y otro material volcánico cuando la montaña entró en erupción el domingo, sepultando las casas hasta los tejados.
Al menos 109 personas murieron y casi 200 siguen desaparecidas, según el último recuento oficial.
Nadie, ni siquiera la agencia de gestión de desastres, sabía lo que iba a ocurrir, afirmó Efraín Suárez, de 59 años, camionero residente en el vecino pueblo de El Rodeo y que tenía familiares en Los Lotes.
Páez tuvo suerte. Vivía en una de las casas a las afueras de Los Lotes y tanto él como su familia pudieron salir justo a tiempo.
Pero a su alrededor, vio y oyó cómo otros morían.
“A la hora que yo salí yo veía gente deshecha, piernas tiradas, cabezas”, recordó Páez.
La familia de Páez es un ejemplo del crecimiento improvisado en el pueblo a lo largo de los años. El gobierno construyó una escuela de ladrillo y un depósito de agua.
Ahora todo podría quedar abandonado. La lluvia ha convertido el enorme campo de ceniza en un terreno duro como concreto y los vecinos cada vez están más convencidos de que los cuerpos que siguen sepultados nunca se recuperarán.
“Tal vez un cuarto nos salvamos”, calculó Páez. “Muchos están enterrados allí, nuestra vida quedó allí, nuestras casas”.
Enrique Godoy, responsable de Propuesta Urbana, una organización sin fines de lucro especializada en cuestiones de desarrollo, señaló que Guatemala sufre un problema triple: instituciones débiles, una gran cantidad de viviendas construidas de manera informal y falta de regulaciones sobre demarcación que existen solo en cinco de los 340 municipios del país.
