Petro cumple un año de gobierno entre cuestionamientos sobre financiación de su campaña

  El presidente Gustavo Petro cumple el lunes su primer año de mandato en medio de la mayor crisis política desatada por el escándalo de su hijo y sin haber podido avanzar en su agenda de reformas pese a las expectativas que generó luego de convertirse en el primer líder de izquierda en Colombia.

Aunque el jefe de Estado insiste en la frase "el gobierno del cambio", muchos ciudadanos sienten que las graves acusaciones que enfreta su campaña que lo llevó al poder sobre el ingreso de dinero dudoso significan más de lo mismo, mientras que las promesas de transformaciones sociales se quedan en el papel.

En las últimas semanas, dos de los hombres más cercanos al mandatario han dejado ver la posibilidad de que la candidatura de Petro haya sido financiada con dineros oscuros y también con altas sumas que no fueron reportadas en las cuentas que se entregaron a las autoridades electorales.

El exembajador del gobierno de Petro en Venezuela, Armando Benedetti, y el hijo del jefe de Estado, Nicolás Petro, han formulado afirmaciones sobre la financiación de la campaña que tiene a diferentes entes judiciales indagando cuál fue la realidad de los recursos con los que se pagó la candidatura del actual presidente.

Ello abrió la posibilidad de que la campaña del presidente Petro sea sancionada por el presunto ingreso de dineros oscuros y por la violación a los gastos máximos que permiten las autoridades electorales. El mandatario ya enfrenta un proceso judicial y político en el Congreso de la República, el cual podría terminar —incluso— con su destitución, en caso de que se compruebe que el jefe de Estado sabía sobre estas supuestas irregularidades.

Los cuestionamientos hacia la financiación de la candidatura de Petro comenzaron el 4 de junio cuando la Revista Semana reveló unos audios en los que se escucha al exembajador Benedetti referirse al asunto. En las grabaciones, Benedetti deja entrever que habría conseguido alrededor de 3.8 millones de dólares para la campaña de Petro y que si él habla sobre lo que sabe de la financiación de la candidatura de Petro, "nos caemos todos".

Días después el mandatario separó del cargo a Benedetti, quien está pendiente de cumplir varias citaciones judiciales para que aclare qué fue lo que quiso decir en esas grabaciones que se conocieron a comienzos de junio.

Benedetti fue uno de los hombres más cercanos al presidente Petro durante la campaña y bajo su responsabilidad estuvo gran parte de la agenda del entonces candidato.

Mientras tanto, Nicolás Petro comenzó un proceso de colaboración con la justicia luego de quedar en libertad después de permanecer detenido varios días en medio de acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

De acuerdo con el hijo del presidente, Santander Lopesierra —condenado y extraditado a Estados Unidos por narcotráfico-- y Gabriel Hilsaca --hijo de Alfonso el 'Turco' Hilsaca, procesado por homicidio y concierto para delinquir-- le habrían entregado alrededor de 270.000 dólares, parte de los cuales sirvieron para financiar supuestamente la campaña presidencial del actual gobernante.

Nicolás Petro dijo en una reciente entrevista con la Revista Semana que su padre no sabía del ingreso de esos recursos, aunque afirmó que hay varios temas sobre la financiación de su candidatura que deberán ser aclarados por las autoridades con la información que él espera aportar en su proceso de colaboración con la justicia.

Los críticos dicen que esos señalamientos representan un duro golpe para la gobernabilidad del mandatario colombiano y en momentos en que el líder izquierdista de 63 años de edad busca avanzar en la aprobación de las reformas sociales que propuso en el Congreso. Estas reformas, que tienen que ver con el sistema de salud, las pensiones y las condiciones laborales de los colombianos, han sido objeto de una fuerte polémica desde que fueron presentadas y su futuro parece ahora más incierto.

Por otro lado, durante estos meses se espera que la mayoría de los congresistas estén concentrados en la campaña electoral para escoger mandatarios locales en todas las regiones del país, lo que reduciría el ritmo de trabajo en el Congreso como sucede tradicionalmente, y esto podría demorar la discusión de las reformas.